Vivimos tiempos tempranamente electoreros, y las fracciones políticas en disputa ya luchan por llevar agua a su molino con anuncios rimbombantes y promesas variopintas. Tan dispares son los pareceres que, parafraseando a René Descartes, “tan empecinado está cada cual en su criterio que podríamos hallar tantos reformadores como cabezas hubiese”. Todos hablan usando la locución prepositiva “Hay que…” a fin de expresar lo que desean reformar o crear para mejorar las cosas (v.g. “hay que eliminar la corrupción”, “hay que aumentar el nivel de empleo”, etc.). Pero ninguno dice “cómo” materializar los cambios en realidades. Desde esta columna, y sin la pretensión de entrar en las aludidas lides políticas, me referiré a aspectos de la realidad nacional que deberían ser, en mi opinión, las bases de toda propuesta electoral.
El mal mayor de la economía nacional en los tiempos que corren es la informalidad, que en ciertos sectores tiene matices de ilegalidad. Me llamó la atención una nota publicada en el suplemento El Financiero (La Razón, 18.11.18) sobre el cálculo gubernamental del flujo ilegal de mercaderías desde la zona franca de Iquique (Zofri), que ascendería a $us 3.000 millones por año y que representaría el 32,3% de las importaciones legales de 2017. Si se considera el contrabando por los puntos fronterizos con Brasil, Paraguay, Argentina, Perú y Chile al margen de la Zofri ($us 2.360 millones, según una infografía del artículo citado), estamos hablando de más de $us 5.000 millones; un valor patético para un país que en 2017 y en contrapartida exportó un valor total de $us 8.194,5 millones, según datos de la Fundación Milenio.
Añadiendo el problema recurrente tratado en esta columna, la cadena de producción-comercialización de oro (cerca de $us 1.000 millones al año) también está controlada por el subsector informal. En esta cadena tiene lugar el contrabando de oro procedente de países vecinos que se exporta como producción nacional, y eventualmente el lavado de activos de dudosa procedencia en operaciones mineras ilegales (para mayor detalle, consultar mi artículo Dorada Informalidad, La Razón 28.09.18). Estamos hablando de dos actividades ilegales e informales cuyo valor equivale al 73% del valor de las exportaciones del país.
Ambas actividades generan empleo precario y aceleran el movimiento del dinero en el mercado interno (una de las claves del modelo económico vigente), pero dejan para las arcas del Estado migajas, por tratarse de rubros que eluden obligaciones tributarias, de seguridad y de cuidado medioambiental, generan una élite de nuevos ricos, y mimetizan los niveles de pobreza porque absorben mano de obra marginal que de otra manera engrosaría la legión de desocupados en ciudades y en el área rural.
Y podríamos seguir con otras actividades informales (chuteros, jukus, cocaleros, comerciantes de ropa usada, etc.) que generan una economía paralela, para llamarla de alguna manera, de magnitud considerable en el contexto global de nuestra economía, las cuales serán tratadas en las siguientes ediciones de esta columna.
¿Cómo eliminar el contrabando, la informalidad y la creciente ilegalidad que se presentan cada vez con más fuerza en los rubros mencionados y en otros ámbitos?, ¿y cómo generar una solución para los miles de operadores que acuden a estas actividades porque nuestro contexto socio- económico actual no les da una solución alternativa dentro de la normativa vigente en el país? La pelota está en el campo de los candidatos. Desde esta columna puntualizamos que hablar de crecimiento y desarrollo mirando de reojo al sector informal y a la ilegalidad creciente no es ético. El mundo entero nos mira (continuará).
* Ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.
