En apenas una semana tres personas fueron linchadas en el país, poniendo en relieve la ausencia del Estado y la profunda crisis judicial que impera en varias regiones. El primer caso ocurrió en San Julián. El lunes, dos brasileños llegaron hasta esa localidad cruceña para supuestamente cobrar una deuda. Mientras agredían y encañonaban con un revólver al presunto deudor, su esposa y un vecino alertaron al resto de los pobladores, quienes se organizaron y en pocos minutos lograron capturar a uno de los extorsionadores. Éste fue golpeado y finalmente colgado en la plaza principal. Los siete policías destinados en esa región no pudieron evitar esta barbarie.
Al día siguiente, dos jóvenes de 19 y 16 años fueron detenidos en Uncía (Potosí) por intentar robar un carro. Al igual como ocurrió en San Julián, los comunarios decidieron “saltarse” la investigación policial; y pese a la corta edad de los supuestos ladrones, los sacaron de las celdas judiciales para apedrearlos y rociarles gasolina antes de quemarlos vivos. Los pocos policías del lugar tampoco lograron contener a la turba enardecida.
Todos estos asesinatos ocurrieron frente a niños, jóvenes y adolescentes a quienes los adultos les han enseñado el modelo que, a su parecer, debe utilizarse frente a la delincuencia: atacando la violencia con más violencia, vulnerando los derechos fundamentales de los sospechosos como el de la vida o el de ser juzgados por una autoridad competente, pasándose por las narices la ley y las instituciones llamadas a garantizar el Estado de derecho y una convivencia pacífica en la sociedad.
