El entierro de restos humanos en cementerios clandestinos constituye una práctica corriente en las diferentes urbes del país. Por la premura, falta de recursos, comodidad e incluso por tradiciones culturales, barrios enteros y comunidades periurbanas optan por instalar camposantos cerca de sus hogares. Por ejemplo, solo en el municipio de La Paz se calcula que al menos 23 de estos espacios funcionan sin restricciones, cinco de ellos en predios municipales.
El problema es que las condiciones deficientes de estos camposantos ilegales y el tráfico de restos óseos implican serios riesgos sanitarios y sociales para los propios familiares y comunarios que viven en los contornos. Además, resultan “ideales” para facilitar el encubrimiento de asesinatos y homicidios, por cuanto las inhumaciones se realizan sin ningún control. Por ejemplo, en abril de 2006 los restos de tres extranjeros fueron encontrados en un cementerio clandestino de la Av. Periférica.
Por todo ello, resulta encomiable que la municipalidad de La Paz se haya propuesto regular y administrar estos lugares ilegales, a través de un plan que comenzará a ser puesto en práctica en enero de 2019 con la intervención de uno de los camposantos clandestinos más grande, la “Llamita”, instalado en inmediaciones de la Av. Periférica. Adicionalmente, sería deseable la construcción de nuevos cementerios municipales para enfrentar la creciente demanda de entierros, tanto de habitantes de La Paz como de municipios aledaños como El Alto.
