Con una victoria electoral del 53% de los votos y mayoría absoluta en las dos cámaras del Congreso, Andrés Manuel Obrador puede emprender el ambicioso programa de reformas que se ha propuesto en materia institucional y de relacionamiento con el pueblo mexicano, mediante consultas vinculantes e incluso la convocatoria a una asamblea constituyente. En su gestión de gobierno buscará responder con eficacia a los dos problemas mayores que afligen a México: la inseguridad ciudadana debida a la violencia generada por las mafias del narcotráfico, por una parte, y la corrupción desbordada en todos los niveles de la administración pública, por otra.
En cuanto a la política económica, los lineamientos primordiales consisten en (i) un drástico programa de austeridad en materia de gasto público, (ii) impulso al crecimiento mediante la inversión pública selectiva, (iii) autonomía del Banco de México, (iv) déficit fiscal cero y (v) deuda cero.
Dichos enfoques contrastan con las orientaciones programáticas de los países de América del Sur, puesto que no corresponden a las que se aplicaron por parte de los gobiernos progresistas en el pasado, pero tampoco a las políticas de ajuste neoliberal que se aplican en muchos países en la actualidad. La razón de esto estriba en que México tiene características políticas, geopolíticas, sociales y económicas muy diferentes al resto de los países latinoamericanos.
Por principio de cuentas, México ha desarrollado una importante planta industrial, donde predominan la industria automotriz, las máquinas para procesamiento de datos y aparatos eléctricos de telefonía, y los equipos electrónicos y de comunicación. Y cuenta también con industrias importantes en los rubros de plásticos, bebidas y química. En segundo lugar, las remesas de los trabajadores emigrados están cerca de los $us 29.000 millones, y los ingresos vinculados al turismo superan los $us 21.000 millones. En tercer lugar, la mitad de los ingresos de inversión extranjera se dirigen a la industria manufacturera. Por último, México no participó de la holgura que trajo consigo el hiperciclo de las materias primas impulsado por la demanda de China.
La tasa de crecimiento del PIB en los últimos años ha sido insuficiente para reducir la desigualdad de los ingresos en general y de la informalidad en el mercado laboral.
En lo que atañe a reducción del gasto público, se hará un recorte general de la nómina salarial de todo el sector público, así como la eliminación de una serie de bonificaciones y privilegios de la burocracia y de los parlamentarios.
En materia de corrupción, López Obrador ha resuelto que no quedará atrapado en el intento de perseguir la corrupción y la violación de los derechos humanos de los gobiernos anteriores. Sostiene, en cambio, que la lucha contra el crimen organizado empezará con su gobierno; y a tales efectos se propone, entre otras medidas, la creación de una guardia nacional como cuerpo autónomo, colocado bajo el mando civil pero con disciplina militar.
En materia de política exterior, López Obrador hereda el Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) firmado por los presidentes de los tres países en el marco del G-20 de Buenos Aires. Por otra parte, cuenta con el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11), que incluye a Australia, Brunéi, Japón, Malasia y Nueva Zelanda del Asia-Pacífico; además de Canadá, Chile y Perú de las Américas. Dicho tratado entrará en vigor a comienzos de 2019. En cuanto a las relaciones con América Latina, López Obrador ha anunciado reiteradamente que mantendrá la política de autodeterminación y no intervención en asuntos internos de otros Estados.
En resumen, la distinción entre gobiernos de izquierda y de derecha no le cuadra a la gestión que inicia ahora López Obrador con su impronta personalísima.
Es economista
