La detención en Canadá de Meng Wanzhou, directora financiera e hija del principal accionista de Huawei, ha puesto en evidencia ciertas limitaciones y debilidades del derecho internacional, a tiempo de tensionar aún más las frágiles relaciones entre las dos principales potencias del orbe.
La Fiscalía de EEUU acusa a Wanzhou de haber vulnerado las sanciones impuestas por la Administración Trump contra Irán. En concreto, acusan a la multinacional china de utilizar una subsidiaria camuflada para llevar equipos de manufactura estadounidense y movilizar millones de dólares en transacciones con la nación persa. Por tal motivo, han solicitado a Canadá la detención y posterior extradición de Meng, a fin de que sea juzgada en suelo estadounidense. De ser hallada culpable, podría ser sentenciada a 30 años de cárcel.
Lo que más llama la atención es que el delito que se le atribuye a la ejecutiva de Huawei ha sido establecido de manera unilateral por el gobierno de Trump, e incluso contraviene un tratado internacional firmado por el propio EEUU y el resto de países que conforman el Consejo de Seguridad y Alemania, por un lado, e Irán por el otro, en el que se acuerda levantar las sanciones impuestas a la nación persa a cambio de que frene el desarrollo de su plan nuclear.
De allí que esta polémica detención puede ser leída como un síntoma más del peligroso retroceso del multilateralismo en el mundo, impulsado por la Administración Trump en procura de desconocer un orden mundial regido por el derecho internacional y por organizaciones multilaterales como la ONU.
