Curiosa convergencia: mientras en Bolivia el pueblo protesta masivamente reclamando el respeto al voto popular, fundamento de la democracia, en Francia, país de excesivas libertades dentro de un Estado de derecho irrestricto, el Gobierno confronta colectivos de ciudadanos ataviados con los chalecos amarillos fluorescentes, cuyo uso se exige cuando ocurren accidentes de tránsito.
Sin una estructura orgánica ni líderes visibles, un promedio de 136.000 individuos marchan cada sábado (ya van cuatro consecutivos) por las principales arterias parisinas y de las capitales provinciales, determinados a atacar los símbolos sacros de la República, como el Arco del Triunfo en París. Contingentes conformados por 90.000 policías se muestran insuficientes para proteger objetivos ostensibles como las tiendas de lujo implantadas en los Campos Elíseos, la avenida más bella del mundo. La bronca es incontenible, siendo cualquier proyectil útil en la lucha: adoquines destripados de las aceras, piedras, palos, hierros arrancados de las verjas; e incluso bolas metálicas, botellas con ácido sulfúrico y cocteles molotov arrojados por algunos osados contra las fuerzas del orden.
Todo comenzó cuando el paquete de reformas económicas impulsado por el presidente Macron incluyó el aumento en el precio de los carburantes, como parte de una transición ecológica. Fue la gota que rebalsó el vaso del descontento, la chispa que incendió la resistencia. ¿Hay razones que justifiquen esta protesta en la sexta economía del planeta? Veamos algunas cifras como elementos de análisis de las causas para semejante efecto catastrófico.
El ingreso promedio del hogar francés es de 1.700 euros mensuales ($us 1.900). Esto implica que el 50% de los trabajadores perciben sumas menores, mientras que el 20% más rico gana cinco veces más que el 20% del estrato más bajo. Desde la última década, el crecimiento de la economía se ha mantenido en torno al 1,8% en promedio. En tanto que la tasa de desempleo está entre el 9% y el 11%; el doble que en Alemania. En su programa económico, el Mandatario francés invoca la flexibilidad laboral para incentivar la inversión y la creación de empleos.
Ciertamente, la reforma del impuesto a la fortuna favorece a la clase acaudalada, privando la colecta de 3,2 billones de euros ($us 3,7 billones) para las arcas fiscales. La medida se explica como una manera para evitar la fuga de capitales. Todo ello unido a la merma del poder adquisitivo inflama la cólera de la ciudadanía, reflejada en las acciones violentas protagonizadas por vándalos infiltrados entre los ‘chalecos amarillos’.
Aunque se dice que dos tercios de los franceses apoyan la revuelta, no se recuerda que Francia es la nación con la mayor protección social para sus súbditos en la UE. Se estima que 715 billones de euros ($us 810 billones) están destinados a la salud, beneficios familiares y seguro de desempleo, entre otros subsidios. Esa masa monetaria representa un tercio del producto Nacional Bruto (PNB). Pero los sucesivos gobiernos de la V República han preferido soslayar el malestar económico latente para conservar su popularidad. En cambio, Macron ha decidido enfrentar con coraje la situación. Sin embargo, tuvo que recular, decretando una moratoria que pospone la drástica solución a los escollos tradicionales, desafiando a una población satisfecha, apegada a un statu quo incierto.
Para colmo de males, el reciente atentado terrorista acaecido en Estrasburgo demuestra que la inseguridad puede resurgir en cualquier momento, cuando se reavivan las células dormidas de los extremistas, siempre listos para aprovechar los desórdenes sociales.
* Doctor en Ciencias Políticas y miembro de la Academia de Ciencias de Ultramar de Francia.
