Existe consenso en que ningún niño debería convivir en la cárcel con sus padres. Se trata de lugares en los que impera la violencia, el hacinamiento y falta de recursos. Por ello, los internos y sus familiares viven en condiciones muy precarias, y sus derechos más básicos suelen ser vulnerados. Además, nunca faltan reclusos con desórdenes mentales que han sido puestos tras las rejas por protagonizar hechos de violencia, y que están siempre a la “caza” de nuevas víctimas.
Por ejemplo, según advierte una investigación elaborada por especialistas del Instituto de Psiquiatría del King’s College de Londres y neurocientíficos de la Universidad de Montreal, estos mismos desórdenes les impedirían aprender de sus errores, modificar su conducta y rehabilitarse por medio de castigos. De allí que existan homicidas y violadores reincidentes que necesariamente deben mantenerse alejados de sectores vulnerables como los niños.
Por todo ello, constituye sin duda una muy buena noticia que 11 instituciones privadas y estatales (Unicef, Aldeas Infantiles SOS, la Defensoría, la Gobernación y la Alcaldía de La Paz, entre otras) se hayan propuesto articular esfuerzos para garantizar que los niños que viven en las cárceles de La Paz abandonen estos recintos penitenciarios. Y es que, como bien se sabe, esta problemática debe ser enfrentada desde diferentes disciplinas y reparticiones; más aun tomando en cuenta que el Estado se ha mostrado incapaz de garantizar la seguridad y el bienestar de los niños huérfanos o cuyos padres no pueden atenderlos, como los reclusos.
