El establecimiento de los 10 años como la edad mínima para trabajar fue uno de los aspectos más cuestionados del Código Niña, Niño y Adolescente, promulgado en 2014. Tres años después, el TCP declaró inconstitucional el artículo (129) que instituía este rango por ir en contra de la CPE y del Convenio 138 de la OIT; y ahora último la Asamblea se encuentra en aprontes para poner en práctica este mandato.
El ajuste, que ya fue aprobado por la Cámara Baja y está a la espera de su sanción en el Senado, prevé ampliar la edad mínima para trabajar a partir de los 14 años. Sin embargo, establece que las defensorías de la niñez y de la adolescencia podrán autorizar excepciones para los menores que tengan entre 10 y 14 años, siempre y cuando la actividad laboral “no menoscabe su derecho a la educación, no sea peligrosa, insalubre, atentatoria a su dignidad y desarrollo intelectual, o se encuentre expresamente prohibida por ley”.
Huelga recordar que este polémico límite fue establecido luego de escuchar a los propios niños y niñas que trabajan para ayudar a sus hogares o para asegurar su sustento. Además, se sabe que no son pocas las familias que acostumbran a asignar tareas a los niños a edades tempranas para que contribuyan en ciertas labores domésticas o incluso fuera del hogar, sobre todo en el área rural.
Sin embargo, también es cierto que existen personas que se aprovechan ampliamente de la explotación infantil. Por ello suele ser corriente observar a niños en las calles vendiendo dulces o cigarrillos, cuidando vehículos o pidiendo limosna durante el día y en horas de la madrugada, bajo la atenta mirada de adultos que los controlan a la distancia.
De igual manera, tiempo atrás el Departamento de Trabajo de EEUU presentó un informe en el que identifica nueve productos bolivianos en cuya cadena de producción han participado niños y/o adolescentes: en el maíz, nuez, azúcar, almendra, oro, plata, estaño, zinc y la ganadería. Además, el informe advierte que para poder ser exportados a la potencia del norte, estos productos deben pasar por un proceso de certificación que acredite la inexistencia de mano de obra infantil a lo largo de su cadena productiva.
En este sentido, la ampliación que suscita este comentario constituye sin duda una buena noticia, ya que puede contribuir a enfrentar esta problemática. Sin embargo, como bien se sabe esta norma va a quedar en letra muerta si no viene acompañada con políticas de Estado que ataquen de manera efectiva la raíz del problema: la pobreza de los padres, la orfandad y el abandono de hogares por causa de la violencia. Circunstancias que obligan a muchos infantes a trabajar para poder sobrevivir y apoyar a sus familias.
Esto a largo plazo, mientras que en lo inmediato urgen programas que les permitan a los niños y adolescentes en situación de pobreza poder combinar su educación con oportunidades para generar ingresos.
