Es evidente que a nadie le gusta recibir sanciones, mucho menos si son pecuniarias; sin embargo, en contextos donde la infracción de la norma es lo habitual y la sensación de impunidad es generalizada, hace falta imponerlas con el propósito de, poco a poco, cambiar los malos hábitos. Algo de eso está sucediendo en la interminable pugna entre el Gobierno Municipal de La Paz y los transportistas.
En efecto, el miércoles la Guardia Municipal de Transporte (GMT) volvió a las calles a controlar el trabajo de los prestadores de servicio de transporte de pasajeros, y para el efecto se valieron de la última versión del Reglamento de Sanciones de la municipalidad; el cual fue puesto a consideración de la dirigencia de la federación de transportistas, que nunca se pronunció al respecto, pese a que incorpora cambios solicitados por este gremio.
Según informó el Jefe de la Unidad de Ordenamiento y Control de Movilidad del Gobierno Municipal paceño, la Alcaldía realizó controles para asegurarse de que los conductores porten su hoja de ruta y credencial de afiliación al sindicato respectivo, así como el cumplimiento de rutas y recorridos, y el respeto de las paradas. Solo el miércoles, los guardias municipales entregaron 396 memorándums de infracción por no portar hojas de ruta y no llevar credencial; y 50 por la alteración de rutas y recorridos.
El jefe municipal agregó que la mayoría de los infractores fueron encontrados en las rotondas de la Eguino, Urquieta (frente a la Estación Central) y del Maestro, conocidos puntos de “trameaje” de las líneas de minibuses, entre otro medio centenar de lugares identificados por la municipalidad y donde los guardias serán desplegados.
Previsiblemente, la dirigencia de la Federación Departamental de Choferes 1° de Mayo manifestó el mismo día su rotundo rechazo al control municipal, y uno de los secretarios de la organización anunció que el “control sindical” saldría desde ayer para “resguardar” a sus afiliados. “Este reglamento no fue consensuado y no tiene que aplicarse”, afirmó, omitiendo reconocer que el gremio tuvo 10 meses para lograr tal consenso, sin haberlo conseguido.
Tampoco reconoció el dirigente sindical que el reglamento puesto en práctica el miércoles incluye una serie de ajustes muy conveniente para los choferes infractores, incluyendo la suspensión del decomiso de placas de circulación, descuentos para quienes paguen la multa a tiempo, y la simplificación de trámites para quienes reciben varias sanciones en una jornada.
Esta es, pues, una nueva muestra de la prepotencia que caracteriza al gremio de los choferes, quienes desde hace décadas logran, mediante movilizaciones y presiones de índole política, ponerse por encima no solo de la ley, sino también del más elemental sentido común, haciendo de las calles el escenario donde despliegan sus peores hábitos y ponen en riesgo a otros conductores, peatones y a sus propios pasajeros.
