Entre las labores hechas de buena voluntad y esfuerzo sincero y desprendido, sin duda sobresale el cuidado de animales silvestres rescatados del tráfico de especies. Sin embargo, esta labor también tiene que adecuarse a las normas vigentes, de ahí que haya sido noticia el hecho de que solo siete de los 26 centros de custodia de animales silvestres que existen en el país tienen licencia de funcionamiento.
Una técnica de la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas, del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), explicó a este diario que aquellos centros que funcionan sin licencia son considerados solo como “albergues”, aunque están ajustando la norma para, por ejemplo, cambiar el nombre y los procedimientos de algunas tareas desarrolladas en este tipo de instituciones.
De los 26 centros conocidos, ocho son bioparques; 14, centros de rescate; dos, centros de investigación e igual número, de atención y derivación. Cuatro de ellos son públicos y el resto privados, lo cual revela cuánto de este trabajo depende del Estado, en sus diferentes niveles gubernativos, y cuánto de la iniciativa privada. Según la representante del MMAyA, para obtener su licencia de funcionamiento, los centros dedicados al cuidado y reinserción de animales silvestres, habitualmente rescatados de personas inescrupulosas que trafican con las especies o sus partes, deben tener mínimamente un plan de manejo, personería jurídica, estatutos internos y título de propiedad del terreno donde funcionará el centro.
Pero al parecer la falta de licencia vigente es el menor de los problemas: los centros están “colapsados” por tantos animales que tienen en custodia, ya no hay espacio para más, según revelan las personas a cargo de algunos de ellos. Es el caso por ejemplo de la Comunidad Inti Wara Yasi y Senda Verde, los más conocidos, que desde hace varios meses ya no pueden admitir más animales por falta de espacio. Los fondos financieros aparentemente no han faltado gracias a donaciones de personas sensibles con esta problemática.
Esta situación tiene mucho que ver con el hecho de que el tráfico de especies en Bolivia tiene poca contención de parte de algunas instancias del Estado, como lo ha demostrado el Órgano Judicial en el caso del tráfico de partes de jaguar. Sin embargo, también merece destacarse la comprometida actuación de la Policía Forestal de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma), que suele hacer de la necesidad virtud en su cotidiana lucha contra traficantes.
Hay, pues, mucho que hacer en favor de las especies silvestres, además de garantizar que los centros que atienden a los animales víctimas de humanos inescrupulosos estén en regla. El Estado puede y debe hacer mucho, además de crear normas. Sus deberes están claramente señalados en la Constitución y en las normas específicas.
