En días pasados, el presidente Morales procedió al relevo del alto mando militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana, cargos que recayeron en el general Williams Kaliman Romero y en el coronel (próximo a ser ascendido a general) Rómulo Luis Delgado Rivas, respectivamente. El ascenso de ambos oficiales no estuvo exento de polémicas y cuestionamientos, debido a la existencia de procesos pendientes en contra del Gral. Kaliman, sobre quien pesa una denuncia penal por corrupción, enriquecimiento ilícito y otros delitos relacionados con la presunta e irregular compra de repuestos para motores e insumos, de los cuales tendría conocimiento el alto mando militar y el capitán general de las FFAA, el presidente Evo Morales.
El caso del coronel Delgado, quien reemplaza al general Faustino Mendoza, reviste connotaciones poco usuales y excepcionales, pues el cargo que asumió está reservado a oficiales con rango de generales, aspecto que al parecer no fue debidamente valorado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). El oficial fue agregado en la Embajada de Bolivia en Argentina, así como edecán de Evo Morales cuando tenía el grado de mayor.
Tales antecedentes no pasaron inadvertidos entre los sectores políticos y la población en general, tanto más evidentes por cuanto reflejan manipulación, desapego y omisión en la aplicación de la norma por parte de la ALP para el relevo de los comandantes de las instituciones del orden. Las cuales se encuentran a merced de los intereses del partido de gobierno, que gracias a su mayoría parlamentaria dispuso una remoción discrecional que pone en serio riesgo la institucionalidad castrense y policial. Más grave aún resultan las afirmaciones de los flamantes comandantes de las FFAA y de la institución policial, quienes se declararon abiertamente como “soldados del proceso de cambio” y la “Policía del proceso de cambio”, respectivamente, denotando sojuzgamiento al gobierno de turno.
Estos hechos ponen en evidencia la frágil y socavada institucionalidad, tanto de las FFAA como de la Policía Boliviana, debido a la alta injerencia política que se ejerce sobre estas entidades; las cuales si bien seguirán disfrutando de los beneficios y privilegios de los que gozan mientras continúen siendo cooptadas por las autoridades de turno, en contrapartida no podrán impulsar las reformas y mejoras institucionales que tanto necesitan con urgencia.
En el caso de las Fuerzas Armadas, apremia afrontar con firmeza su rol protector de la defensa nacional, a tiempo de velar por la seguridad, estabilidad y protección de la constitución; pero principalmente deben sentar en las fronteras para proteger y preservar los recursos naturales, el territorio y los centros vitales del país. Solo de esta forma será posible dejar atrás paulatinamente el imaginario social construido por la ciudadanía que las visualiza como Fuerzas Armadas “citadinas”, por la excesiva concentración de regiones militares en los centros urbanos, en desmedro del fortalecimiento de la infraestructura y de una presencia militar real y efectiva en las zonas fronterizas.
En el caso de la Policía Boliviana, urge una reingeniería institucional que fortalezca su rol de servicio a la sociedad en el mantenimiento del orden interno, público y seguridad ciudadana; así como el cumplimiento efectivo de las tareas de prevención y alerta temprana contra sucesos que atenten a la seguridad que se les ha asignado, evitando los delitos y las manifestaciones antisociales que se suceden a diario. Para cumplir con tales propósitos, la institución verde olivo debe dar señales claras de lucha frontal contra la corrupción, un mal que lamentablemente se ha enraizado profundamente en su interior, y que pese a los esfuerzos realizados no ha logrado ser erradicado.
* Coordinador académico de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).
