La decisión de varios partidos políticos de renunciar a la propaganda electoral gratuita prevista en la norma para las elecciones primarias constituye sin duda un posicionamiento principista. Pero también expresa una falacia que, a su vez, conduce al error. Y deja una gran interrogante sobre la propaganda en medios en las elecciones generales de octubre. Tema para el debate.
Por distintas y declaradas razones, candidatos presidenciales de la oposición, así como el propio presidente Morales, han señalado que no dispondrán de ningún recurso económico del Estado para fines de campaña y de propaganda electoral en los comicios del 27 de enero. Todos coinciden en el principio, aunque difieren en la causa. Así, para el MNR se trata de un “gasto inútil”. Comunidad Ciudadana, a su vez, habla de un “gasto dispendioso”. Y el MAS-IPSP asegura directamente que no lo necesita.
Todas estas declaraciones, siendo razonables, se fundan en una falacia: creer que hay dinero público para la propaganda electoral gratuita en las primarias. Pues debe saberse que el TSE no dispone de un solo boliviano para el efecto. Lo que existe es un mandato legal para que los medios de comunicación del Estado (Bolivia Tv, Red Patria Nueva y diario Cambio) brinden tiempos y espacios sin costo para los partidos. Y no es una disposición de ahora, viene del Código Electoral de hace dos décadas.
La falacia, entonces, deviene en error. Los partidos políticos que no quieren gastar dinero público en propaganda electoral gratuita (un presupuesto que, está dicho, no existe), sugieren su uso para otros fines: “donación a hospitales públicos”, por ejemplo; u “obras con impacto social positivo”. Hay confusión; y demagogia. Los tiempos y espacios (no “la plata del pueblo”) en los medios estatales ya fueron sorteados y estarán disponibles. Los candidatos pueden o no utilizarlos. Algunos lo harán.
Dado este antecedente, la gran pregunta es si los partidos políticos que hoy, con arreglo a un principio, renuncian a la propaganda electoral gratuita para las primarias lo harán también en las elecciones generales de octubre. En estas últimas sí habrá un importante financiamiento estatal, administrado por el TSE, para la contratación de propaganda en medios de comunicación, incluidos los medios privados. Será bueno que los candidatos, primero, asuman la diferencia y, segundo, aclaren su posición.
Como sea, más allá de las declaraciones simbólicas que nos ocupan, no debe perderse de vista el relevante avance normativo adoptado en la Ley de Organizaciones Políticas con la figura del “fortalecimiento público”. Esto es, la disposición de franjas horarias en radio y televisión, y espacios en medios impresos, que serán distribuidos gratuitamente entre los partidos para la promoción de sus candidaturas y programas de gobierno. Es un gran paso en la búsqueda de equidad en el acceso a los medios.
