Es un debate interminable si, como ya lo ha hecho Uruguay, sería mejor legalizar la distribución y el consumo de ciertas drogas en lugar de destinar recursos financieros y humanos en la lucha contra el narcotráfico, esta “guerra” está siendo perdida en todas las latitudes del planeta. Sobre este tema tres expresidentes (César Gaviria, de Colombia; Olusegun Obasanjo, de Nigeria; y José Ramos-Horta, de Timor Oriental, todos ellos miembros de la Comisión Global en materia de drogas) difundieron un documento en el que aconsejan a los gobiernos reglamentar la producción y la distribución de estupefacientes, y cesar la “guerra contra las drogas”, factor de violencia, de corrupción y de regresión económica.
Las cifras que apoyan la reflexión de estos estadistas son elocuentes, pues causan asombro y alarma. El monto destinado a combatir los delitos colaterales y tratar de controlar y penalizar el narcotráfico supera anualmente los $us 100.000 millones; mientras que las operaciones de este nocivo negocio manejan en el mismo periodo entre $us 425.000 millones y $us 650.000 millones. Sin embargo, los resultados para frenar ese trasiego son sumamente magros. En cambio, según advierten los expertos, los costos humanos por concepto del atropello a los derechos humanos, la corrupción, los encarcelamientos masivos, la violencia y las muertes son incalculables.
Los expresidentes antes mencionados afirman que durante sus gestiones la lucha represiva estaba perdida de antemano. Aunque la demanda por productos psicoactivos ha existido desde siempre, el mercado por satisfacer esa necesidad opera en la “ilegalidad del contexto de violencia criminal y la represión legal”, por cuanto el margen de ganancia es colosal. Pues mientras que con el café, por ejemplo, las ganancias se encuentran en torno al 25% de las inversiones, con la heroína o la cocaína se elevan a un 15.000%. En consecuencia, la tentación de recibir un gran beneficio económico en poco tiempo atrae a miles de personas, que se dedican a la producción, transporte y distribución de la droga.
El multilateralismo, afirman, ha sido laboriosamente construido para preservar la paz, no para legitimar guerras “absurdas, como aquella contra las drogas”. Por ello resaltan la necesidad de reflexionar sobre la posibilidad de que “la producción y distribución de drogas sean legalmente reguladas por los gobiernos”. Además, sostienen que “imponer una reglamentación estricta para monitorear los riesgos sociales y de salud pública que presentan las drogas y sus mercados implica simplemente encarar una respuesta responsable” frente a la utopía de un “mundo sin drogas”. Finalmente, pronostican que la regulación legal de las drogas haría desaparecer el crimen organizado y eliminaría el mercado ilegal.
La transición hacia la regulación sería progresiva, pero comenzaría reduciendo espectacularmente los tráficos ilegales, protegiendo mejor a las poblaciones involucradas, especialmente a la juventud consumista y a las víctimas de la violencia que conlleva el comercio criminal de los estupefacientes.
Si la invocación precedente sería adoptada a nivel internacional, imaginemos qué acontecería en Bolivia, donde la producción de coca excedentaria, principalmente del Chapare, va directamente al narcotráfico. Seguramente los cocaleros se dedicarían a cultivos más nobles, como los cítricos y otros, cuya producción, según el presidente Morales, es la tendencia actual. Ello disminuiría el poder político que en los 13 años precedentes ha otorgado a ese sector insospechables beneficios económicos y réditos de decisiva influencia en el manejo gubernamental.
* Doctor en Ciencias Políticas y miembro de la Academia de Ciencias de Ultramar de Francia.
