El 11 de enero de 2013, Loui Alvaro Oporto Almaraz, egresado de Antropología de la UMSA, fue asesinado con 22 puñaladas para arrebatarle sus ahorros. Ese día empezó un calvario que forzó a nuestra familia a ingresar al escabroso y sui géneris universo litigante paceño, conformado por policías, abogados, fiscales y jueces que se expresan en tiempo, lenguaje y valores incomprensibles para los ciudadanos.
En los tribunales comentaban que “este caso avanza rápidamente”, pero para nosotros fue una eternidad. La indefensión prevaleció en los estrados judiciales. Allí el mejor abogado no es el que domina la doctrina, la legislación o la jurisprudencia, sino el que tuerce la ley a su antojo, el que reduce la ciencia del Derecho a la argucia legal, convirtiendo al proceso penal en un interminable vía crucis, caracterizado por la dilación a extremos ofensivos, sin que exista poder alguno para encausar el juicio.
Para el recuento anoto lo que más demoró este proceso. En primer lugar, las “chicanerías” de los abogados de la parte demandada y los inauditos recursos del asesino confeso para eludir las audiencias. Luego, la recurrente y asombrosa inasistencia de la Fiscalía; y también (en una ocasión) por nuestra propia falta. Ninguna audiencia se postergó por causal atribuida a los miembros del Tribunal de Sentencia, conformado por Rolando Mayta (presidente), Sixto Fernández y Elena Jemio (jueces técnicos), quienes mostraron un desempeño encomiable.
Una periodista me preguntó de manera directa si tuve que pagar a fiscales o jueces: “No, nunca pasó algo así”, afirmé. “Suerte por usted”, fue su lacónica respuesta. Luego de cinco años, el 16 de enero de 2019, se nos notificó con la Resolución N° 119/2018, del 3 de diciembre de 2018, que quedaba “ejecutoriada la sentencia N° 06/2017 de 15 de marzo de 2017, en aplicación del Art. 126 del Código de Procedimiento Penal (…) expídase el mandamiento de condena en contra de Humberto Justo Parra Patty y David Noe Bustos Calle, que debe ser ejecutado por el señor juez de Ejecución Penal”. Se trata del documento que pone fin a este doloroso proceso. Agradezco los servicios profesionales de los abogados Mary Carrasco y Andrés Zúñiga, quienes llevaron la defensa ante los juzgados; así como también a nuestros familiares, allegados, amistades, estudiantes de la UMSA y gente de buena voluntad que nos apoyaron. Un reconocimiento especial para los medios de comunicación social, en especial para La Razón, que permitieron visibilizar este hecho a lo largo del suplicio judicial. Sin ese apoyo colectivo quizá el desenlace hubiese sido otro. Ahora, nuestro amado hijo, podrá descansar en paz.
* Padre de Loui Álvaro Oporto Almaraz.
