De manera general se puede decir que el proceso de cambio se realiza en su contradicción; es decir, en aquello que no cambia, porque para dar cuenta de que algo está cambiando debe existir algo que no lo está haciendo. De existir un cambio de toda una estructura, estaríamos hablando de un cambio revolucionario, como lo señalan diversos estudiosos; y que para efecto de esa complejidad distinguen el cambio del sistema del cambio en el sistema. No obstante, la evidencia histórica demuestra que, en ambos casos, el cambio se manifiesta a partir de hechos, aspectos o cosas que no cambian al unísono o al mismo ritmo. Solo que en el cambio en el sistema esa relación se expresa más nítidamente. Y ello hace posible el surgimiento de la crítica, que al visibilizar diversos aspectos que no pasan por el mismo rasero de la transformación, conforma un campo de conflicto.
Sin embargo, en el nivel microsocial las contradicciones del proceso de cambio se manifiestan de manera mucho más compleja, puesto que lo que se vive en ese nivel no siempre se critica, sino que se normaliza o naturaliza, al punto de convertirse en simple curiosidad. Obviamente, lejos está de ser tal, pues sus efectos podrían contradecir lo irrisorio. Por ejemplo, hace poco el Gobierno se rasgaba las vestiduras por el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El sentir antichileno fluyó de tal forma que se propuso e impulsó desde la sociedad, y desde el propio Gobierno, una especie de asfixia comercial hacia el vecino país, para dejar de consumir productos chilenos. Sin embargo, en los canastones navideños entregados a rentistas y jubilados a fin de año se entregaron nuevamente latas de jugo de duraznos Aconcagua, marca de origen chileno. Este ejemplo, que podría parecer burdo, asume sentido si se dimensiona su cantidad, precio y el discurso del Gobierno.
Precisamente, el voluntarismo de nuestros gobernantes de pretender proteger la industria local ha encontrado asidero en la habilitación de tiendas y supermercados de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). Aquellas en las que resulta imposible encontrar un quintal de azúcar como para convencernos al menos de que San Buenaventura no es un espejismo. Pero los escasos estantes de esos establecimientos y su par de colgadores de ropa muestran lo exiguo de nuestra industria, que además parece apoyada a discreción, y sin tener buen precio.
Por ello, esos en justicia minisupermercados parecen dirigidos a un consumo de clase media. El resto se ve obligado a seguir acudiendo a los mercados populares, o a las ferias no del precio justo, que ya desaparecieron, sino a aquellas que, como la de Villa Dolores (en la ceja de El Alto), se instalan todos los viernes, pero para ofertar “patata” peruana, zanahoria peruana, cebolla peruana, ajo peruano… cual si se tratara de una provincia comercial de Perú.
Obviamente que ello no tiene que ver con la apertura de los mercados y la democratización del consumo, como todo neoliberal sueña, sino con la informalidad consentida del mercado. La feria 16 de Julio de El Alto habla por sí misma. Solo que la afluencia de clientes de clase media, con su estilo de comprar “americano”, terminó encareciendo el precio de los productos de esta feria, convirtiéndola en un mercado ya no para pobres. Pero estos pueden darse un paseo por una isla comercial como las Torres Mall, para ver y no comprar, porque además de que este centro comercial no alberga una sola tienda de producto boliviano, representa otro ámbito de reproducción de las desigualdades y de la condición servil de la mujer indígena que ahora luce empoderada por tener que empujar un carrito de compras. Parte de estas aparentes nimiedades contradicen el principio constitucional de la soberanía alimentaria, que ya ni siquiera asoma a nuestros oídos.
