Recientemente se publicó un artículo de prensa que versa sobre las contrataciones directas en Bolivia. El autor de esta nota asegura que este tipo de contrataciones están relacionadas con la corrupción. Afirmación que no es correcta, ya que las instituciones estatales para proceder en estos casos eligen al proveedor del bien o servicio que ofrece las mejores condiciones del mercado (precio y calidad).
Según datos del Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes), desde el 2007 al 2018 el 97,11% de las contrataciones estatales se asignaron a través de convocatorias públicas en el marco de los decretos supremos N° 29190 y N° 0181; mientras que las contrataciones directas con norma específica representaron solamente el 2,89%. Hay que tener en claro que los procesos de contratación directa se llevan adelante con transparencia y control. Todo proceso se publica en el Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes); y toda la documentación de la contratación directa se remite a la Contraloría General del Estado (CGE) para su control. También conviene saber que todo proceso de contratación directa es destinado a la inversión pública, con el propósito de dinamizar la gestión y la ejecución de las obras, utilizando los principios de celeridad y eficiencia, obviando el carácter burocrático. Esto a su vez genera beneficios para la sociedad, considerando que genera empleo e ingresos.
El artículo mencionado tiene un tinte político de cara a las próximas elecciones, y desconoce el destino y alcance de las contrataciones directas. A modo de ejemplo, cabe mencionar a algunas empresas que fueron contratadas de esta manera, mejorando la inversión pública. A través de esta modalidad, YPFB ejecutó en 2013 la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande; en 2015, la Planta Separadora de Líquidos Carlos Villegas; en 2016, un proyecto de gas natural licuado (GNL); en el 2017, la Planta de Amoniaco y Urea; y por último, la Planta de Tuberías y Accesorios. Lo propio ocurrió con la implementación y puesta en funcionamiento de las nueve líneas de transporte de la estatal Mi Teleférico. Y en el ámbito de la salud, se ejecutaron 49 hospitales de segundo, tercero y cuarto nivel, que benefician a toda la sociedad con la creación de 16.000 ítems para este sector.
Por otra parte, estudios elaborados por organismos multilaterales como el BID han establecido que la contratación directa es una excepción en 12 países de América Latina (Guyana, Jamaica, México, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Perú); y que esta modalidad procede solo en casos específicos, como en Bolivia. Todo esto permite afirmar que no corresponde utilizar el término “corrupción” para distorsionar el fin de las contracciones directas. Y que en el país la contratación directa en ningún caso es sinónimo de corrupción. Al contrario, impulsa la ejecución de la inversión pública, beneficiando a la población en general con muchas obras de gran envergadura. Asimismo, no corresponde manejar la contratación directa solo con afanes políticos.
* Licenciado en Informática, funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
