Es de notoriedad universal que la Justicia boliviana es una grotesca caricatura de la venalidad humana, aunque el esperpéntico presidente del Tribunal Supremo pregone el embuste de una imaginaria cristalina transparencia de sus jueces, fiscales y actuarios. No obstante, causó profundo estupor que, el 12 de enero pasado, Bolivia expulse mano militari, sin trámite legal alguno, a Césare Battisti, por una trivial omisión administrativa, observada por la Comisión Nacional del Refugiado (Conare), ese apéndice gubernamental que, como todo aparato fiscal sensible, en casos importantes no actúa sin la venia del guía supremo del Estado Plurinacional.
Es cierto, que los cargos que se le reprochan al fugitivo dirigente de la otrora guerrilla urbana Proletarios Armados por el Comunismo (PAC) son de extrema gravedad: dos asesinatos de implicancia directa (en la década de los setenta) y otros dos en grado de complicidad. Por aquellos delitos fue condenado en Italia, en ausencia, a cadena perpetua. Sin embargo, el presidente socialista francés François Mitterrand lo acogió como refugiado en su territorio, sin acceder al pedido de extradición del Gobierno romano. Igual solidaridad demostró Luis Inácio Lula da Silva, albergándolo por varios años en Brasil, hasta que la victoria de Jair Bolsonaro inquietó nuevamente a Battisti, quien, convencido de la retórica revolucionaria y antiimperialista de Evo Morales, escogió Bolivia como seguro santuario para los agitados 37 años que pasaba huyendo a salto de mata.
Lo que no imaginó el terrorista reconvertido en novelista de la serie negra es que la afinidad ideológica no es prioridad para el régimen masista, y que el Estado de derecho es un accesorio lírico en el escenario del llamado “proceso de cambio”. Lo que prima es cualquier elemento que sostenga y prolongue su apego al poder. Y si la trasgresión es rentable, el pragmatismo se impone. En ese marco, se gestionó la devolución del asesino a Italia, su país nativo y no a Brasil, por donde ingresó al espacio nacional. Tampoco importó que ambas naciones estén comandadas por notorios paladines de la derecha.
Irónicamente, este caso trae a la memoria la entrega expedita de Klaus Barbie, exjefe de la Gestapo en Lyon (Francia) durante la Segunda Guerra Mundial, sentenciado a perpetuidad por tribunales franceses. Ese capitán nazi logró huir y buscó sigiloso asilo en Bolivia, donde sus manualidades de torturador fueron requeridas por los dictadores Hugo Banzer y Luis García Mesa, quienes le acordaron la nacionalidad boliviana bajo el falso nombre de Klaus Altmann. Identificado por los cazadores de nazis, Francia reclamó su extradición, y como esta medida no se podía aplicar a un ciudadano —ahora— boliviano, se urdió el ardid de reclamarle una deuda que tenía pendiente con el Estado boliviano y así encarcelarlo en San Pedro. Cuando la deuda fue pagada por la colonia alemana, el imaginativo ministro del Interior Mario Roncal Antezana decidió su expulsión del país por uso de falsa identidad.
Así fue como el 6 de febrero de 1983, el entonces presidente Hernán Siles Zuazo autorizó el operativo que lo trasladó hasta Cayena (Guyana), donde un avión francés lo llevó esposado al hexágono galo. Prontamente Klaus fue encerrado en la prisión de Montluc. Allí, precisamente 40 años antes, el alemán acostumbraba torturar a sus víctimas. Cuando cumplía la condena, el cáncer fulminó al escurridizo esbirro de 77 años. Aunque la evicción del cautivo para satisfacer el pedido de un gobierno socialista, gracias a su contraparte boliviana, tenía consonancia política, en los archivos franceses hay información confusa acerca de compensaciones que habría recibido La Paz por esa gentileza: 5.000 toneladas de trigo, 2.000 metralletas y 1 millón de dólares en efectivo. Este tipo de discretas y rápidas transacciones, aparentemente inexplicables, son detectadas por la Historia, aunque con retardo comprensible.
* Doctor en Ciencias Políticas y miembro de la Academia de Ciencias de Ultramar de Francia.
