En Venezuela, sin más vueltas escribí del “juramento” de Nicolás Maduro Moros y lo inicié desde lo írrito de origen del evento —en el Tribunal Supremo de Justicia y no constitucionalmente frente a la Asamblea Nacional— que se adicionaba a la ilegalidad de la elección, la ausencia de representaciones —sus aliados, los presidentes de Bolivia, Cuba y El Salvador, los primeros ministros de San Vicente y las Granadinas y de San Cristóbal (sus deudores de Petrocaribe), otros delegados de menor jerarquía de Rusia y China (Rusia y China sus principales acreedores), Bielorrusia, Turquía, Irán, Palestina y de la menguada izquierda Foro de São Paulo—, mientras el Consejo Permanente de la OEA resolvía desconocer su legitimidad con los votos de 19 países, a los que sumaba el Grupo de Lima (excepto ahora México), la Unión Europea y Estados Unidos junto con los duros comunicados de la Conferencia Episcopal. En la práctica, excepto sus aliados (en febrero El Salvador dejará de serlo) y los países que enviaron representaciones, algunos pequeños países del Caribe (deudores de Petrocaribe) y Siria, el gobierno de Maduro no cuenta con apoyo; Portugal, México y Uruguay (criticado internamente) están en “posición expectante”.
La proclamación multitudinaria de Juan Guaidó como presidente en funciones de Venezuela se convirtió en parteaguas, dando un escenario con un presidente ilegítimo, pero apoyado por casi todos los poderes del Estado que cooptó —pero con un poder muy cuestionado y disminuido— un sector del PSUV, la cúpula de las Fuerzas Armadas (FANV) —posiblemente solo el sector más comprometido en la corrupción y el narcotráfico porque la oposición adelanta conversaciones con parte importante del generalato— y algunos sectores sociales —probablemente, ateniéndome de la participación y resultado electoral de 2018, estará entre el 31% y el 12%— (principalmente los colectivos) y algunos países aferrados a su supervivencia —acreedores, aliados ideológicos y beneficiados del petróleo de Petrocaribe.
Del otro, un presidente elegido constitucionalmente por el único poder del Estado electo democráticamente —por ende, con toda legitimidad—, reconocido por la mayoría de Latinoamérica y del resto del mundo, con amplio respaldo popular —incluidos chavistas—, y por sectores militares cada vez más desembozados —manifestado en adhesiones públicas y en levantamientos como el de Cotiza— y que logró lo que parecía impensable: repotenciar a la oposición, unirla bajo un liderazgo (de un sujeto casi desconocido hasta enero, pero con fuerte carisma) y, sobre todo, reempoderarla ante el pueblo venezolano y la comunidad internacional.
Guaidó, ante el bloqueo mediático, opta por el ejercicio de la democracia abierta en cabildos masivos. El viernes, en otro multitudinario, anunció cuatro medidas: la primera, aceptar ayuda humanitaria internacional —con cuatro objetivos: paliar la grave crisis de alimentos y medicinas, y desnudarla internacionalmente, confrontar a los militares si se atreven a prohibir su entrada y, sobre todo, desacreditar a Maduro que la ha negado permanentemente. Las otras medidas fueron la retención de activos venezolanos — fracturaría la escasa capacidad financiera madurista—, la divulgación boca a boca de la recién promulgada ley de amnistía y el pedido a los militares cubanos que abandonen el control de la FANV y se queden a vivir si quieren.
Como respuesta al apoyo estadounidense, Maduro ese día dio 72 horas para expulsar a todos los diplomáticos estadounidenses. En otra muestra de su creciente debilidad, al cumplirse el plazo lo alargó a 30 días más.
* Analista y consultor político.
