El tema de la jubilación obligatoria ha pasado a engrosar la agenda política, económica y social después del planteamiento del presidente Evo Morales en su informe de 13 años de gestión, el 22 de enero, ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, sobre la necesidad de implementar este mecanismo mediante una ley que permita reducir la tasa de desempleo. Algo que no es nuevo, porque el Mandatario ya había revelado que el gabinete debatía una norma para tal fin, a finales de 2017.
El año pasado, según datos oficiales, la tasa se situó en 4,27%, la más baja de América del Sur, cuando en 2005, en el inicio del gobierno de Morales, llegaba a 8,1%. Y se apunta a que los jóvenes sean más beneficiados con nuevas fuentes laborales. Hoy, la edad para acceder a la jubilación, en el caso de los varones, es de 58 años, mientras que para las mujeres, la normativa reconoce la maternidad y les rebaja un año por cada hijo nacido vivo hasta un máximo de tres. Pero en todo ello, no figura la obligatoriedad.
El rechazo ya vino de la Central Obrera Boliviana (COB). La ministra de Planificación, Mariana Prado, aclaró que la propuesta proviene de Morales y remarcó que en caso de aplicarse una jubilación obligatoria, se puede mejorar las rentas. O sea, el debate está abierto y es necesario que participen en ello todos los sectores involucrados. Al respecto, los empresarios solicitaron diálogo, ya que cada año ingresan 180.000 jóvenes al mercado laboral, de los cuales una mayoría no halla trabajo.
