Las respuestas internacionales a los problemas de Venezuela han revelado en toda su magnitud el debilitamiento de las estructuras regionales de diálogo político y de resolución pacífica de conflictos. Esto está permitiendo que actores políticos no latinoamericanos asuman un protagonismo unilateral en los asuntos de esta parte del continente.
Algunas de las vicisitudes de la labor política suelen ser bien descritas por el refrán que dice que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Sucede que las justificaciones de algunas estrategias políticas basadas en valores a priori loables como la defensa de la democracia o la promoción de los derechos humanos no siempre garantizan desenlaces positivos ni están, por eso, exentas de otras intenciones menos generosas.
Esa ha sido la gran paradoja de muchas intervenciones de miembros de la comunidad internacional en la política interna de otros países amparados supuestamente en la doctrina de la “injerencia humanitaria” o la defensa de valores liberal-democráticos.
Varias de esas experiencias, como en Irak, Libia o el Asia Central, tuvieron en realidad más que ver con operaciones de resguardo de áreas de influencia geopolítica o destinadas a imponer cambios políticos en otros países. Incluso si los propósitos de tales intervenciones hubieran sido inicialmente genuinos, su naturaleza unilateral frecuentemente desconectada de las complejidades sociopolíticas del contexto local las llevó al fracaso. Buscando resolver un problema, desencadenaron otros nuevos o incluso empeoraron los que motivaron la acción inicial.
Justamente por esos riesgos, desde mediados del siglo pasado se fue construyendo un orden global que apostaba al multilateralismo como instrumento para encuadrar cualquier acción de la comunidad internacional para estabilizar la situación política en algún país o región en crisis. Esto se acompañaba además de un marco de resguardo de la soberanía de los estados y de limitaciones a cualquier acción unilateral.
En América Latina por mucho tiempo este fue el fundamento doctrinal de la labor de la OEA y de la mayoría de las cancillerías de la región. En el último decenio se buscó fortalecer aún más la capacidad de los países para ayudarse entre sí y resolver autónoma y colectivamente sus problemas, gracias a iniciativa como Unasur o la CELAC.
Las preocupantes derivaciones recientes de la crisis política de Venezuela son una prueba del severo debilitamiento de esa arquitectura normativa. Más allá de las razones de unos y otros es inquietante que la región haya perdido la capacidad de encontrar soluciones propias a un problema que le afecta directamente. Tampoco es una buena señal que se esté privilegiando instrumentos como las sanciones unilaterales o la presión sin opciones viables de diálogo como medios para lograr una salida ordenada y pacífica al conflicto.
