Tras el narcotráfico y la venta de armas, la trata de personas es el negocio ilegal más rentable del mundo. Según el protocolo sobre el tema, “es la acción de captar, transportar, acoger o recibir personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”.
El último informe global de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) concluye que Bolivia y Perú tienen el mayor índice de niños y niñas víctimas de la región andina. Asimismo, el representante de la entidad multinacional en el país, Thierry Rostan, explicó que en territorio boliviano la explotación laboral es la principal finalidad de los tratantes, seguida por la explotación sexual, la adopción ilícita y la mendicidad, en ese orden.
Sin duda, este delito es uno de los que más preocupa, sobre todo porque Bolivia, según el Gobierno, es receptor de trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual y porque es un país de tránsito para estos delitos. No en vano se promulgó en 2012 una ley para luchar contra este flagelo, que aún es implementada. Y para no bajar la guardia, quedan retos como la implementación de entidades que recolecten y reporten datos sobre el tema, o sea, herramientas de medición, tal como remarca la UNODC.
