Si rememoramos la historia de nuestra economía, vemos que la misma ha estado marcada por la dependencia de los recursos naturales, déficits fiscales que eran cubiertos en más de un 80% con ayuda externa, crisis hiperinflacionarias de más del 20.000% (en la década de los 80), entre otros problemas que reviven en nuestra memoria a un país que sobrevivía, con tasas de crecimiento económico precarias.
Esta mirada al pasado nos permite ver con mayor claridad la mejora de nuestra economía. La implementación de una serie de políticas económicas, como la monetaria, nos ha otorgado una tasa de inflación moderada, un alto nivel de liquidez que incrementa la oferta de créditos del sector financiero al sector privado, en particular al productivo por las cuotas mínimas exigidas por la norma actual. La política fiscal ha priorizado la inversión pública y la demanda interna reflejada en el consumo de los hogares, constituyéndose en pilares del crecimiento económico, permitiendo al país posicionarse por primera vez y de forma consecutiva por cinco años, como el de mayor crecimiento económico en la región.
Pero lo que quiero resaltar es la política fiscal en su contenido social que, en el marco de la aplicación del Modelo Económico Social Comunitario y Productivo, promovió la redistribución de la riqueza y de los recursos económicos del país, disminuyendo las desigualdades sociales y económicas en franca lucha contra la pobreza, heredada de los gobiernos neoliberales que otorgaban al libre mercado la distribución del ingreso. Según la CEPAL, Bolivia ha reportado una de las mayores reducciones del Índice de Gini, que sirve para medir las desigualdades de los ingresos (brechas entre ricos y pobres), pasando de 0,60 a 0,47 entre el 2005-2016 (Gini=0, equidad perfecta en la distribución de la riqueza, Gini=1 inequidad perfecta).
El aumento de la capacidad de compra (gasto), así como la de ahorro (inversión) de los bolivianos, a través de incrementos salariales, multiplicándose en casi 5 veces el salario mínimo en los últimos 13 años, bonos condicionados, el establecimiento del segundo aguinaldo en favor de los trabajadores como reconocimiento a su contribución al crecimiento de la economía, se tradujo en el ensanchamiento de la proporción poblacional correspondiente a la clase media de 35% en 2005 a 58% en 2017, y una reducción significativa de la pobreza extrema de 38% a 17% en el mismo periodo.
Otro claro ejemplo de la redistribución de los excedentes son las políticas enfocadas a la generación de empleo que también dieron resultados importantes, permitiendo al país posicionarse en la gestión 2016 con la menor tasa de desempleo (4,5%) entre los países de Sudamérica.
Ante estos avances es de suma importancia la continuidad de políticas orientadas a la redistribución de la renta, mismas que deben ser impulsadas no solo por el nivel central, sino por los niveles subnacionales. Evitando el regreso al pasado, cuando en lo último que se pensaba era en el bienestar social, toda vez que los dueños de los medios de producción cooptaban a los gobiernos de manera que las políticas económicas protegían su riqueza fomentando su concentración.
*es economista.
