Los expertos en la materia no terminan de ponerse de acuerdo: mientras unos perciben claramente la presencia de organizaciones criminales con asiento e integrantes en diversos países que operan en Bolivia, otros sostienen que se trata de casos aislados. Sin embargo, hay un dato que no puede ser minimizado: cada vez hay más criminales extranjeros trabajando en el país.
Una investigación publicada ayer revela que existen grupos que trabajan como lo haría una empresa transnacional: las jefaturas pueden estar fuera del país donde se comete el delito, los operadores no siempre son parte de la estructura, sino que trabajan “a destajo”, y los pagos por extorsión o ajuste de cuentas pueden producirse en un tercer país. Narcotráfico, contrabando, trata y tráfico de personas, pero sobre todo secuestro, extorsión y ajuste de cuentas son siete áreas donde florece este comercio delincuencial.
Según el director del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP), estos grupos “son como una empresa criminal, con una clara división del trabajo: unos se dedican a la dirección, otros a lo financiero y ocultación de ganancias, otros a la violencia contra las víctimas, y otros a la seguridad de instalaciones y personas”, así como a negociar los rescates.
Uno de los expertos consultados al respecto considera que tras la desmovilización de guerrilleros en Colombia, varios jóvenes que no lograron reinsertarse en la sociedad comenzaron a formar estas “empresas”: se trasladan a países limítrofes y ofrecen este tipo de trabajos ilícitos, porque es lo que saben hacer, a menudo ofreciendo su experiencia y fuerza de trabajo para secuestros, golpizas, ajustes de cuentas y hasta para proteger tierras y propiedades rurales.
Desde Colombia, el director de la Fundación Insight Crime, dedicada a estudiar este fenómeno y sus manifestaciones, confirma la sospecha: “Puede tratarse de grupos profesionales de secuestradores con colombianos de mucha experiencia o que estén ligados al narcotráfico”, sostiene; para esos grupos, “el narcosecuestro es solo una forma de financiarse”.
Hay, sin embargo, quien prefiere ver el fenómeno de otra manera. Dos expertas en seguridad coinciden en señalar que el número de casos conocidos en el país no alcanza para asegurar que haya “empresas criminales” operando o que esta sea una conducta sistemática; es más correcto decir que “hay emisarios de estas organizaciones que vienen a operar con fines específicos”, dice una de ellas.
Con todo, es evidente que Bolivia no está al margen de los fenómenos propios de la mundialización o globalización y que no es imposible que, sistemática o no, la actuación de bandas transnacionales sea una realidad en el país. El Ministro de Gobierno asegura por su parte que hay abundante trabajo en marcha, en coordinación con países vecinos, para neutralizar estos negocios. El tiempo dirá si estos esfuerzos son suficientes, ojalá que sí.
