Es probable que no sea verdaderamente una sorpresa, aunque gracias a la desacertada conducción del debate público por parte del Colegio Médico el tema no fue considerado adecuadamente: el Gobierno nacional pretende administrar los recursos financieros y de infraestructura correspondientes al área de salud de las nueve gobernaciones como una forma de garantizar la apropiada gestión del Seguro Universal de Salud (SUS).
Para el efecto, la Ley del SUS prevé que se firmen convenios entre el Ministerio de Salud y los gobiernos departamentales por un plazo de 10 años, renovables. Previsiblemente, las gobernaciones cuyo titular pertenece al oficialismo gubernamental han accedido prontamente, mas los gobiernos departamentales de signo opositor ya se han manifestado en contra de la previsión.
En los hechos, la idea apunta a garantizar el funcionamiento del SUS y la utilización de todos los recursos disponibles en favor de la población beneficiaria del seguro, pero no puede soslayarse la dimensión política de la iniciativa, que por un lado implica que el Gobierno nacional se apropie de una competencia gubernativa claramente establecida en la Constitución Política del Estado y, por otra, significa un retroceso en la construcción del modelo autonómico, que hasta ahora no termina de despegar por la mutua desconfianza entre agentes de los diferentes niveles gubernativos. Si el debate con los gremios de médicos y paramédicos parecía ser el gran escollo para el SUS, pronto se verá que la verdadera batalla todavía está por comenzar.
