El presidente Evo Morales acaba de promulgar la ley que da vigor al Sistema Único de Salud (SUS), cuyos objetivos iniciales son empoderar el programa en la población necesitada de atención médica urgente, garantizar la sostenibilidad de su vigencia y la prevención de enfermedades a través del uso correcto de los centros de salud de primer nivel.
Después de la institución de la nueva Constitución Política del Estado en 2009 y la nacionalización de los hidrocarburos en 2006, quizás aquel sistema sea uno de los desafíos más trascendentales del gobierno del MAS. Han tenido que pasar largos años para consolidar esta política de Estado que, sin embargo, tiene llamativamente detractores.
Como lo dijo Morales en sus palabras del acto de promulgación, solo el 49% de la población boliviana tiene acceso a la atención de salud gratuita, a diferencia del 51% que la carece. El reto esencial es abarcar con la cobertura al total de los bolivianos, para la que se ha dispuesto $us 200 millones.
Quizás sea complejo echar a andar tremenda iniciativa, pero su arranque es inminente. Hará falta el concurso de todos los bolivianos, a partir del registro ciudadano al sistema, la gestión comprometida de las autoridades nacionales, departamentales y locales, y, lo que amerita, la convicción del personal médico, cuya acción será determinante para la atención adecuada y humana de los pacientes, con calidad y calidez.
Paradójicamente, el establecimiento de programas como el SUS siempre ha tropezado con la objeción o trabas de cierto sector de profesionales del área que al calor de intereses particulares y políticos los boicotea. El SUS no parece ser la excepción; gremios de médicos ya anunciaron medidas de presión contra su aplicación, con el argumento de que afecta a las autonomías o que se impone en medio de carencias en el sistema de salud actual.
Resulta incomprensible la protesta, si es previsible que el SUS tenga que resolver todas las dificultades hasta ahora no resueltas y mejorar de manera progresiva la atención de salud. Hasta algunos sectores de oposición han admitido la necesidad del sistema recientemente inaugurado. Solo intereses dañinos son capaces de frenar esta política.
Tantos cuestionamientos suelen hacerse a los gobiernos sobre su interés en la salud, es la oportunidad de sumarse a los propósitos del SUS. Habrá tiempo para su evaluación o correcciones, pero esta política no tendrá retorno. Hay 5,5 millones de bolivianos que la necesitan, hay que hacer que éstas hagan suyo el sistema, para mejorar sus condiciones de salud o solventar millonarias emergencias por preservar la vida.
Nos toca a los medios de información y a los bolivianos en general velar por que este sistema de salud responda a nuestras necesidades vitales, por una gestión efectiva de parte de las autoridades y la aplicación denodada de los profesionales del área. Caso contrario, sabremos también reaccionar ante los problemas o el abuso de su ejecución.
La salud es un derecho consagrado en la Constitución, ayudar a preservarla es tarea de todos.
