La solicitud anunciada por el presidente Morales, formalizada luego por la Cancillería, para que el TSE modifique la fecha de las elecciones generales ha generado preocupación y sospecha en la oposición, que incluso —manual obliga— habla de “fraude importado” (sic). El debate al respecto es falaz e inconducente. Todavía no hay convocatoria ni fecha definida para los comicios.
Según la Ley del Régimen Electoral, el TSE tiene atribución para convocar las elecciones de período fijo. Es el caso de los próximos comicios presidenciales. Para el efecto, se consideran dos plazos. El primero es que las autoridades electas deben tomar posesión antes del nuevo período constitucional, esto es, el 22 de enero de 2020. El segundo plazo es un calendario electoral de al menos 150 días. Con esos parámetros se fija el día de votación. Este año, la convocatoria está prevista para mayo.
El supuesto, incorrecto, es que las elecciones generales se realizarán el último domingo de octubre. Es solo una posibilidad, entre otras. Por tanto, no corresponde “adelantar” ni “retrasar” nada. Lo que sí resulta evidente es que el domingo 27 de octubre habrá elecciones nacionales en Argentina y Uruguay. Hay, por tanto, una limitación. Si la votación en Bolivia fuese ese mismo día, no se garantiza que nuestros compatriotas residentes en estos países vecinos puedan ejercer su derecho al voto.
Sin atender ninguna razón, algunos opositores —incluidos candidatos y operadores mediáticos— rechazaron inmediatamente el “cambio” de fecha (como si ya hubiese). Creen que eso beneficiaría al candidato oficialista o que sería parte de una trama de fraude. Más todavía: dicen que se trata de una injerencia del Ejecutivo en el TSE (el error de origen, ciertamente, está en el innecesario mensaje del presidente Morales). Otra vez, los intereses y el cálculo político se sobreponen al ejercicio de derechos.
¿Por qué las elecciones en Bolivia no debieran ser el mismo día que en los países vecinos? Según experiencias previas de voto de bolivianos en el exterior, en algunos casos, como Argentina, la logística de la jornada, incluida la ubicación de recintos principales, se realiza con el apoyo de autoridades electorales locales. No sería el caso si ellas estuvieran organizando sus propios comicios. Se trata de facilitar la participación, no de obstaculizarla. Más aún si el voto no es obligatorio.
El debate sobre la fecha de las elecciones, pues, es superfluo y extemporáneo. Corresponde esperar que el TSE, luego de su reunión con los tribunales departamentales, defina el calendario electoral para los comicios. Si la convocatoria, como anunciaron, se hace en mayo, la votación será en octubre. Parece razonable que, considerando la eventualidad de una segunda vuelta 60 días después, las elecciones se realicen el domingo 20 de octubre. No hay necesidad de tanto e inútil ruido al respecto.
