El sábado último, mientras gran parte de la población boliviana comenzaba los festejos del Carnaval, en la zona del sindicato San Rafael, en Villa Tunari, trópico de Cochabamba, una organización de narcotraficantes trabajaba repeliendo una intervención de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar); los uniformados fueron emboscados cuando investigaban una pista de aterrizaje clandestina construida encima de un camino. El saldo del enfrentamiento fue de dos policías heridos de bala y, aparentemente, un cómplice del grupo irregular fallecido.
Al día siguiente, el domingo por la noche, dos hombres, supuestamente miembros de bandas de narcotraficantes rivales, se enfrentaron a balazos en la localidad fronteriza de San Matías, en Santa Cruz, aparentemente por un ajuste de cuentas entre sus respectivos grupos, el uno boliviano y el otro brasileño. El saldo de la balacera fue un hombre muerto y el otro gravemente herido y trasladado de emergencia a una clínica en el lado brasileño de la frontera.
Es evidente que el narcotráfico no solo no descansa cuando una mayoría de la sociedad sí, sino que busca acrecentar su presencia allí donde pareciera no llegar el brazo de la ley. Sin embargo, ya son lejanos los tiempos cuando las noticias de balaceras y otros enfrentamientos tardaban en llegar a las ciudades capitales, desde donde es posible tomar decisiones y hacer lo necesario para poner un alto a este negocio, que se ceba con las vidas de las personas adictas, tanto como las de quienes se involucran en su comercio.
