Aunque es seguro que sí hubo obras, así no hubiesen sido visibles para quienes viven en la ciudad sede de gobierno o en su vecina de El Alto, las autoridades de la Gobernación paceña se han metido en un entuerto debido a que mientras el Ejecutivo afirma que en 2018 tuvo una ejecución presupuestaria del 94%, la Asamblea Legislativa Departamental afirma que fue de 76%.
En enero, el Gobernador de La Paz informó que del presupuesto de inversión pública de 2018, cifrado en Bs 327,1 millones, se ejecutaron Bs 306,5 millones (el 93,7%); y citó como fuente al Sistema de Información de la Gestión Pública (Sigep), del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Este resultado le permitió a la primera autoridad departamental afirmar que es “el mejor gobernador” del país.
Sin embargo, un legislador miembro del partido de gobierno y de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Asamblea Departamental señaló, con base en los mismos datos del Sigep, que lo efectivamente ejecutado corresponde al 76%, y que “el resto está en caja y bancos, este saldo remanente o devengado de 2018 no se ha ejecutado el año pasado, ya que son saldos por pagar y se efectivizarán durante esta gestión”.
Al respecto, el Secretario Departamental de Planificación de la Gobernación paceña explicó que, en efecto, se sumaron los montos efectivamente ejecutados con los devengados (es decir que fueron “reservados” para la ejecución de alguna obra y quedan así hasta la entrega y la conclusión de los trámites de recepción y pago de los proyectos). “Es un dinero que está comprometido, ya por procedimiento es parte de la ejecución presupuestaria. No solo se hace en La Paz, todos los devengados se toman en cuenta de esta forma, es una cosa cotidiana”, afirmó la autoridad.
De esta manera, el Secretario Departamental reveló una práctica al parecer muy común en las instituciones públicas: reportar la ejecución de obras, planes y programas únicamente a partir de la ejecución presupuestaria; incluyendo además en esta partida dinero que no ha salido de las arcas del Estado aunque esté comprometido en obras que, en la mayoría de los casos, siguen ejecutándose.
Consultado al respecto, un analista económico con reconocida trayectoria en el sector público explicó a este diario que “lo correcto es que el devengado no entre a la ejecución presupuestaria”. A su vez, el Viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal se limitó a señalar que solo a partir de este mes su despacho podrá emitir algún criterio al respecto.
Queda, pues, la sospecha de que técnicos en planificación y autoridades administrativas de las diferentes instancias públicas tienen varios mecanismos para mostrar una buena ejecución presupuestaria; datos que pueden luego ser desmentidos si la ocasión o el clima político así lo demandan. En cualquier caso, la falta de transparencia termina por hacerse evidente, y eso habla mal de cualquier gestión.
