Durante mi gestión como ministro de Minería y Metalurgia, el 30 de agosto de 2005 tuve la oportunidad de tener un contacto coloquial con empresarios y actores mineros en el Club de Minería, institución que todavía sobrevive y cuya función es el intercambio de opiniones y el debate sobre temas de la minería nacional. La charla versó sobre las perspectivas de la minería, y entre otras sugerencias propuse como mecanismos de reactivación del sector reinvertir los excedentes en la generación de nuevas minas, y propuse la administración regional de los proyectos (para mayor referencia, consultar “Reinversión y administración regional en minería”, en De oro, plata y estaño, Plural Editores, 2017, pp. 403-406, y “Algunos lineamientos de política minera”, en la separata Puntos de vista de las memorias del XVII Congreso geológico boliviano, Sucre, Bolivia, 2006, pp. 17-28). Mucha agua ha corrido bajo el puente desde entonces, todos sabemos la situación depauperada del sector minero en la actualidad, la posición marginal del país en el contexto internacional y las pocas oportunidades de reactivar el sector con la actual política minera.
La síntesis de los montos de reinversión propuestos en aquel coloquio era un 10% de las utilidades del sector privado en reposición y generación de reservas, un tercio de la renta minera captada por el Estado (government take) como reinversión estatal en la generación de nuevos proyectos mineros y un tercio de la renta para la generación de proyectos de desarrollo regional. Quedaba un tercio para gastos burocráticos del nivel central del Estado. Comparativamente, si bien la legislación actual consigna el término “reinversión” (v.g. CPE, art. 351-II), así como el término “participación de utilidades” (v.g. Ley 535, art. 148-I), en ningún caso hay un sistema de reinversión específico, a excepción del art. 229 de la citada ley, que dispone el 10% del 85% del monto total de las regalías mineras que corresponden al departamento productor para el financiamiento de trabajos de exploración minera del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sergeomin). La inversión actual en minería es estatal y/o pública, y se financia con base en el Tesoro Nacional, préstamos en comodato a empresas productivas estratégicas y, en la mayoría de los casos, con cargo a la deuda externa y/o interna del país. La administración regional nunca se implementó pese a su consonancia con los postulados constitucionales sobre autonomías. Es más, la minería, en todas sus fases, depende del nivel central del Estado (Art. 8 de la Ley 535).
Enfatizo que la minería debe tratarse como un negocio y debiera insertarse al circuito global de capitales que mueven esta actividad si se quiere darle la funcionalidad que todo operador espera. Sea el Estado o los privados los que operen el sector, el manejo corporativo de los emprendimientos es el único camino que nos llevará a emular la única aventura exitosa de la minería nacional en el siglo XX, cuando la General Tin Investment (90% de capitales bolivianos, Simón I. Patiño et al.) llegó a ser una de las mayores inversionistas a escala global. En esa época había un nivel de reinversión impresionante destinado a la concreción de nuevos yacimientos, plantas metalúrgicas y comercializadoras en el país y en ultramar, con lo que se llegó a conformar una poderosa corporación que dominaba los mercados emergentes de materias primas minerales. Con la política actual, somos tan marginales que ya nos ignoran como país minero y como potencial destino de nuevas inversiones. Es hora de volver a la receta tradicional, reinvertir y delegar la administración a las regiones, y alejar la burocracia centralista de los proyectos mineros.
* Ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.
