A 100 días de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuenta con un nivel de popularidad sin precedentes en la corta historia del México democrático. Según varias encuestas, AMLO inició su gobierno con un nivel de aprobación del 56%; hoy, ese nivel oscila entre el 67 y el 86%. Es indudable, por tanto, que gran parte de la población y el Mandatario viven una luna de miel, y las razones estriban en una serie de medidas significativas que el Gobierno llevó adelante en este relativamente corto tiempo.
Por ejemplo, la implementación de la Nueva Política de Salarios Mínimos, que incrementó en 16% el salario básico de los trabajadores (uno de los más bajos de la región); la creación de la Secretaría de Bienestar, que viene ejecutando al menos siete programas sociales sobre una población objetivo de más de 23 millones de beneficiarios; la aprobación de normas que buscan acabar con ciertos privilegios, como la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que elimina la millonaria pensión de los expresidentes y el dispendio en los gastos de la burocracia, y establece como tope de ingreso del funcionario público el salario del presidente, cuyo sueldo redujo, además, en un 40%; la modificación de artículos constitucionales que permiten la tipificación como delitos graves el fraude electoral, la corrupción y el robo de combustible, y posibilitan la creación de la Guardia Nacional para combatir y garantizar la seguridad pública; la puesta en marcha de un agresivo plan de lucha contra el robo de combustible, que junto con la cancelación de la construcción de un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México representan el combate contra la corrupción, los negociados y las complicidades de altos funcionarios; y la instauración de un nuevo estilo personal de gobernar que consiste en “dialogar” permanentemente con los medios de comunicación y con el pueblo, a través de conferencias “mañaneras” y las visitas del presidente a diferentes puntos del país (ya sea a ras del suelo o a través de vuelos comerciales), prescindiendo de la desaparecida escolta presidencial. Todo ello como parte de una política de austeridad y de lucha contra la corrupción que constituiría la base práctica de la llamada Cuarta Transformación, la cual consistiría, según AMLO, en la abolición del neoliberalismo y la construcción de un modelo postneoliberal.
Pero más allá del discurso, cuya levedad radica en su falta de coherencia con otras acciones, en ese panorama también han ocurrido hechos aberrantes, como por ejemplo en el ámbito de la administración pública. La nota la dio la designación de puestos directivos de personas sin aval académico en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; el despido de miles de funcionarios por honorarios y la creación de ambientes hostiles en los ámbitos laborales, donde el personal de estructura se ve obligado a renunciar al ser visto como los “apestados” (como decía una funcionaria) por los recién llegados a modo de soldados de la transformación. De hecho, la prescindencia de funcionarios con experiencia en la ejecución y operación de programas sociales viene repercutiendo en la improvisación.
No obstante, la idea de fortalecer el Estado y devolverle su rol gravitante no es del todo halagüeña, especialmente para los detractores de AMLO, pues además de organizar un curioso “movimiento de chalecos amarillos”, siendo claramente conservadores, éstos vienen denunciando el retroceso del país a tiempos del autoritarismo y del “ogro filantrópico”. Es más, ese regreso del Estado viene representando para el México bronco un incentivo, pues en nombre de sus derechos conculcados, éstos vienen levantando sus banderas de lucha y reivindicación.
* Doctor en Sociología, docente de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de México.
