Al haber transcurridos casi 10 años de la aprobación del Decreto Supremo 0181, que reglamenta el Sistema de Administración de Bienes y Servicios establecido por la Ley 1178, es necesario hacer partícipe a la población de algunos aspectos más trascendentes que han sido incluidos en dicha disposición normativa, considerando que el accionar de la administración pública deriva en mejoras para la ciudadanía en general.
Como primer punto a abordar encontramos a los márgenes de preferencia, que con el propósito de incentivar la producción de bienes nacionales y posterior fomento de su compra son incrementados. Producto de ello se contribuye en gran medida con las políticas económicas, favoreciendo a las diferentes unidades productivas del país.
Otro punto claramente identificable como positivo es la posibilidad otorgada a las empresas públicas nacionales estratégicas de poder contratar de manera directa sus bienes y servicios. Esto representa un mecanismo operativo determinante en su crecimiento, permitiéndoles realizar adquisiciones con prontitud y oportunidad, a fin de lograr competitividad frente al empresario privado extranjero.
En este sentido, no podemos dejar de lado resultados manifiestamente alentadores que han gestionado positivamente estas medidas normativas. Este es el caso de la Empresa Boliviana de Almendra y Derivados (EBA), que beneficia de forma directa a más de 2.500 familias indígenas que se dedican al acopio de la almendra y a 1.500 fabriles. Además, en los últimos años llegó a producir más de 590 contenedores de almendra, de los cuales 471 fueron exportados, colocando a Bolivia como uno de los países con mayor exportación de este producto.
Finalmente y echando por tierra la idiosincrasia de un gran porcentaje de la población que cree que lo producido en el extranjero es mejor que lo nacional, me es grato poner en conocimiento de los lectores que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un organismo internacional, firmó un convenio con el Estado para poder aplicar una modalidad de contratación prevista en el Decreto Supremo 0181, como lo es la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE). Este acuerdo se logró luego de un proceso de análisis normativo y técnico que evidenció la eficiencia que representa la aplicación de esta modalidad en los procesos de adquisición de bienes y servicios.
Por todo lo mencionado, es posible afirmar que la legislación boliviana cuenta con un marco normativo idóneo y eficiente para las compras públicas, adecuado a las políticas adoptadas por el Gobierno, y que tiene como línea directriz favorecer a todos los bolivianos y bolivianas con el correcto uso de los recursos públicos.
* Abogado.
