De nueva cuenta, la tenencia de perros de razas catalogadas como peligrosas causa luto, pesar y dolor en una familia boliviana. Hace un lustro, una niña de cuatro años fue brutalmente atacada por un rottweiler en su domicilio, en El Alto. Afortunadamente, sus familiares lograron separarla del perro antes de que perdiese la vida, y si bien sufrió daños considerables, pudo recuperarse gracias a Claudia Tolay y a su esposo, el cirujano estadounidense Joseph Currier, quienes promovieron su traslado y tratamiento en el Boston Children’s Hospital (EEUU), uno de los mejores nosocomios del mundo especializado en tratar afecciones infantiles.
Cinco años después la historia se repite, esta vez en Cochabamba, pero con un final trágico. Y es que en esta ocasión la víctima, una niña de cinco años, no logró sobrevivir al ataque de un perro de la misma raza; el cual era, al igual que en el caso de Rosalía, la mascota de un familiar cercano. Para colmo de males, en los últimos años al menos otras tres personas perdieron la vida luego de ser atacadas por perros pitbull, la mayoría de ellas en Cochabamba.
Cada vez que ocurren hechos de esta naturaleza surge la pregunta de por qué las autoridades correspondientes no han adoptado hasta ahora medidas para regular la tenencia de los perros considerados peligrosos. La respuesta podría ser porque combatir éste y otro tipo de “eventualidades” relacionadas con el cuidado de los animales y del medio ambiente no suelen ser muy visibles y, por ende, no dan réditos políticos.
