Por norma, la propaganda electoral en actos públicos de campaña debe iniciarse 90 días antes del día de votación, esto es, el 22 de julio. Esa es la ley. Las principales candidaturas habilitadas para los comicios de octubre, en tanto, ya están en plena diligencia: con sentadas en plaza pública, entregando obras, en conversatorios, con fotos tamaño postal, en fin, bailando. Esa es la práctica. Y es normal que así sea. Difícilmente se podrá pedir: señores, repliéguense unos cuantos meses.
Más allá de los tiempos —digamos que estamos en fase de “precampaña”—, propongo considerar tres factores y una innovación. El primer factor es de contenido. La precoz campaña sería hasta bienvenida si, además de promesas, asumiese énfasis programático: ¿qué visión de país tienen las candidaturas?, ¿qué plantean sobre el modelo de Estado?, ¿cuál es su posición acerca del desarrollo?, ¿y respecto a las democracias (en plural)? El actual proselitismo electoral, sin debate, está lejos de eso.
El segundo factor tiene que ver con la difusión. Aquí también hay un plazo establecido en la Ley del Régimen Electoral: la propaganda en medios de comunicación masiva puede difundirse recién 30 días antes de la jornada electoral, es decir, el 20 de septiembre. La norma no dice nada sobre internet y redes sociales digitales, donde ciertamente se librarán las principales batallas propagandísticas, incluidos bulos y otras falsedades. Se trata de una asignatura pendiente en democracia.
Y el tercer factor, siempre crítico, se refiere al uso de bienes y recursos públicos. La prohibición es expresa e inequívoca: ningún servidor público puede hacer campaña o propaganda electoral en instituciones públicas ni, menos, utilizando recursos del Estado. Puede preverse que, en todos los niveles, con delgadas líneas, habrá algo de eso. La norma es laxa en sanciones. Y no parece haber fortaleza institucional para limitar lo que, en la experiencia de otros países, se conoce como “ventajismo”.
¿La innovación? Por efecto de la Ley de Organizaciones Políticas, en las elecciones del 20 de octubre se estrenará el llamado “Fortalecimiento público”. Se trata de la provisión de recursos públicos, administrados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), a fin de garantizar un acceso más equitativo a los medios de comunicación por parte de todas las candidaturas para difundir propaganda. El propósito es impulsar el voto informado. No es un dato/monto menor. Quizás haga la diferencia en estos comicios mediáticos.
FadoCracia romántica
Hubo un tiempo en el que no nos veíamos así, nos veíamos distantes, esos tiempos han acabado”, dijo el gobernante.
—“Bolivia ha cambiado y no es la misma de hace 15 años”, asintió el empresario privado.
Y sonrieron juntos. “Están de besitos”, retrató una periodista independiente (in the pendiente).
—“Proclamamos por unanimidad a nuestro binomio indiscutible”, anunció el dirigente sindical.
—“Estaba convencido de que nunca nos iban a abandonar”, celebró el candidato oficial.
Y hubo abrazos. “Están de ñañas”, graficó un periodista que sabe para quién trabaja.
Triángulo en forma. Ahora falta conciliar el 2% de uno con el 12% del otro en el incremento salarial.
No siempre fue así. Venga el haiku benedettiano: “qué linda época / aquella en que decíamos / revolución”.
