La conmemoración del Día del Niño, el 12 de abril, debiera ser una fecha de regocijo. Sin embargo, la extrema y extendida violencia que afecta a las niñas y niños del país obliga a aprovechar todo acontecimiento centrado en este sector para denunciar los diferentes tipos de agresiones que cotidianamente deben enfrentar, con el fin último de impulsar políticas que contribuyan a combatirlos.
Y desafortunadamente este año no es la excepción. Al contrario, las estadísticas detrás de esta problemática no solo causan vergüenza, sino también preocupación, pues evidencian una tendencia al alta. Por ejemplo, tan solo en el municipio de La Paz, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia registró 1.308 hechos de violencia infantil durante el primer trimestre de este año, como insultos, maltratos o golpes que no solo pueden dejar secuelas físicas, sino también emocionales y psicológicas entre las víctimas.
Además, y más grave aún, 59 de estos hechos fueron delitos penados por ley. Hablamos de violaciones (18, entre estos, 11 niños y niñas menores de cinco años), abusos sexuales (13), casos de estupro (9), trata y tráfico de personas (6) y hasta dos infanticidios. Para colmo de males, este número duplica a los 28 delitos registrados el año pasado en el mismo periodo, y que se incrementaron hasta los 136 a lo largo de 2018. La mayoría violaciones (74, de las cuales 35 afectaron a niños y niñas menores de cinco años), casos de trata y tráfico (7), pornografía infantil (6), abusos sexuales (5), estupro (4) e infanticidios (5).
Ahora bien, si consideramos que estos datos corresponden únicamente a una entidad municipal, y que la mayoría de los hechos de violencia cometidos contra los infantes permanecen ocultos en la “intimidad” de los hogares, colegios, centros de acogida, etc., no resulta exagerado afirmar que demasiados niños y niñas atraviesan una infancia traumática en el país, cuando deberían estar viviendo una de las etapas más gratificantes de su vida.
Estamos frente a un fenómeno cultural que además de fragmentar vidas inocentes tiene un alto costo para la sociedad. Y es que la violencia infantil no solo es uno de los principales factores de la inseguridad en las calles, sino que además compromete los niveles de cualificación y productividad de la fuerza laboral a mediano y largo plazo, así como la capacidad económica y productiva del país.
Urge, en este sentido, redoblar los esfuerzos (desde la sociedad civil en su conjunto y de las instituciones gubernamentales en particular) para tratar esta problemática como un asunto de salud pública, desarrollando políticas estatales que promuevan una convivencia pacífica y una relación más sana en los hogares bolivianos. Y esta cruzada pasa necesariamente por visibilizar y repudiar estos hechos de violencia que suelen pasar desapercibidos o, peor aún, sin ser escuchados y atendidos cuando salen a la luz.
