El Senado estadounidense aprobó hace unos días una resolución en la que los legisladores del país del norte expresan su preocupación acerca de los límites del mandato presidencial en Bolivia. La iniciativa, avalada primero en un comité, tiene pomposo nombre: “una resolución que apoya los principios y estándares democráticos en Bolivia y en toda América Latina”.
Más allá de su contenido, que puede ser discutible (y es parte de la disputa política interna), la sola consideración de esta resolución es una inaceptable injerencia de un país en los asuntos internos de otro. Por principio, en consecuencia, debe ser rechazada. Por más que esté revestida de reconocimientos como “la importancia histórica de las elecciones de 2005”.
La resolución, cuyo efecto es declarativo, expresa dos argucias. La primera es hablar de “las democracias latinoamericanas” cuando el evidente propósito es inmiscuirse en la democracia boliviana. La segunda es invocar “normas y estándares internacionales” cuando su mira está puesta en las elecciones de octubre. Ahí apuntan las preocupaciones, creencias y peticiones del Senado.
Claro que no se trata de solo voluntarismo o renovada maldad de los senadores impulsores del proyecto. Tiene su correlato en casa. Como la curiosa carta de asambleístas de oposición que acaban de escribirle a “su Excelencia Trump” pidiéndole que “intervenga ante la OEA” (sic) para evitar la repostulación del presidente Morales. Solo falta que demanden “acciones concretas” contra Bolivia.
