El jueves, Julian Assange fue detenido en la Embajada de Ecuador en Londres luego de que el gobierno de Lenín Moreno le revocase el asilo político, así como la nacionalidad ecuatoriana que recibió en 2017 de la administración precedente. Más allá de los argumentos para justificar esta suspensión (mal comportamiento, intentar instalar un “centro de espionaje” en la embajada, ataques al Mandatario ecuatoriano, entre otras acusaciones), la persecución que impulsó a Assange a solicitar asilo sigue causando indignación en gran parte de la opinión pública.
Huelga recordar que la Justicia británica trató de detener al fundador de WikiLeaks en 2012 para que responda a denuncias de abuso sexual en Suecia. Sin embargo, su mayor preocupación era, y sigue siendo, la posibilidad de ser extraditado a EEUU para responder a acusaciones de espionaje, relacionadas con la difusión de documentos clasificados sobre la guerra de Irak que le proporcionó el entonces soldado estadounidense Bradley Manning, condenado a 35 años de prisión por este hecho. “He visto arreglos políticos casi criminales (…) cosas horribles que deben pertenecer al dominio público y no quedarse en un servidor en una oscura habitación de Washington”, le confesó Manning a su amigo Adrian Lamo, quien finalmente lo entregó a la Justicia.
Por esta razón, porque la labor de WikiLeaks en el caso de Irak propició un necesario debate sobre los horrores de la guerra (entre otras contribuciones en favor de la libertad de prensa), es que la comunidad internacional repudia otra vez la persecución de la cual Assange sigue siendo víctima.
