Acoso y violencia no son lo mismo, sin embargo, suelen actuar juntos, cual siameses unidos por un mismo interés: dañar a otra persona en beneficio propio, y en mayor medida si se trata de una mujer en ejercicio de algún cargo político. Sucede en todos los ámbitos del Estado, incluyendo la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde más de siete de cada 10 asambleístas lo padecen.
En efecto, un estudio respecto de estas prácticas en el Órgano Legislativo llevó al hallazgo no solo de que el 86% de las legisladoras nacionales ha sufrido alguna forma de violencia o acoso, sino, y esto es lo más preocupante, 61% de ellas no estaban conscientes de haber sido víctimas. Una de las interpretaciones posibles apunta al hecho de que se trata de mujeres empoderadas y por tanto poco propensas a reconocerse como víctimas.
De un total de 128 mujeres entrevistadas entre enero y marzo, en el marco de una investigación realizada por la Coordinadora de la Mujer, IDEA Internacional y el posgrado de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés, 15% reconoció haber sido víctima de alguna forma de violencia o acoso; el restante 85% dijo que no, pero luego de la aplicación de un cuestionario con 21 variables sobre estas prácticas sexistas de la política, 61% reconoció que sí había sufrido este tipo de agresiones.
Las peores prácticas de acoso y violencia política contra las mujeres son aquellas que consisten en amenazas de violencia física o contra la seguridad de la persona o su familia. Resulta difícil creer que tal cosa pueda ocurrir en el Palacio Legislativo, pero los testimonios de las legisladoras demuestran que es una práctica cotidiana. Considerando que uno de los principales objetivos del acoso político es provocar la renuncia de una asambleísta, y que ocurre más cuando hay un varón en calidad de suplente, la alarmante frecuencia de este fenómeno social se hace menos incomprensible.
La investigación confirma que no hay mecanismos para denunciar las manifestaciones de acoso y violencia y mucho menos para sancionarlas, pese a que la Ley 243, contra el Acoso y la Violencia Política, dispone que todas las instituciones deberían haber adecuado sus reglamentos internos luego de promulgada la norma.
Si la Asamblea Legislativa no lo hizo, es difícil imaginar que otras instituciones públicas sí, mucho menos allí donde las mujeres incomodan a los tradicionales administradores del poder.
Urge que las mujeres de la Asamblea Legislativa Plurinacional reconozcan el tóxico ambiente en el que deben desarrollar su trabajo; no porque sean representantes electas son menos susceptibles a los celos, envidia y simple odio de sus pares varones. El reconocer con precisión las manifestaciones de estos sentimientos ayudará a no tolerarlos nunca más y, por esa vía, transformar la práctica política hasta hacer de la Asamblea un espacio donde se discuten los grandes temas del país, y no si una mujer merece o no idéntico respeto e idénticas oportunidades que un hombre.
