Muchos años atrás, un concejal municipal caracterizó en un libro la estabilidad geológica de la ciudad de La Paz como “un terremoto en cámara lenta”. No se equivocaba. A medida que la ciudad se expandió a las laderas, fue tomando todos los terrenos disponibles, fueran aptos o no, fuera legal o no. El resultado son los episódicos y demasiado frecuentes deslizamientos.
El último deslizamiento ocurrió el martes, dejando a 431 personas sin vivienda y, oficialmente, tres desaparecidos. En pocas horas cientos de personas observaron cómo sus viviendas cedían al caer el suelo, producto de la humedad acumulada por las recientes lluvias. Miles más pudieron ver el desastre en directo, gracias a infinidad de oficiosos informadores que atestiguaron el hecho y lo mostraron en redes sociales.
San Jorge Kantutani, el barrio que prácticamente desapareció, fue edificado en gran parte sobre un antiguo botadero, ya cerrado y cubierto, pero no apto para construir. Una queja de algunos vecinos y damnificados fue que la zona no tenía planimetría, precisamente porque el Gobierno Municipal paceño no podía dar luz verde a ese desarrollo urbanístico. El cual sin embargo continuó adelante, hasta el fin de semana pasado, cuando los servidores municipales instaron a algunos vecinos a desalojar sus viviendas por el peligro inminente de derrumbes; aunque muchos otros luego reclamaron que se les había informado que sus viviendas todavía no estaban en riesgo.
Concomitante con el empeño de construir viviendas ilegales, aparece el uso de un sistema sanitario clandestino, que descargaba aguas servidas en el ya débil terreno. A ello se sumó la construcción de viviendas de hasta tres o cuatro plantas en un terreno que apenas si soportaba una. Ciertamente hubiesen sido deseables mayores esfuerzos de parte de la municipalidad para impedir esas edificaciones (pero también cabe preguntarse si hubiera podido hacerlo).
Como sucede en estos casos, la Alcaldía paceña movilizó a cientos de sus servidores, además de las y los obreros de emergencias, junto con la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y otras instituciones estatales, para atender las necesidades de las personas afectadas. La municipalidad de Achocalla, que reclama desde hace mucho tiempo soberanía sobre ese territorio, e incluso otorga licencias de construcción, no se hizo notar ni siquiera en calidad de apoyo moral.
Peor aún ha sido el oportunismo de algunos políticos, como el dirigente de una de las dos federaciones de juntas vecinales paralelas, o una diputada, los dos oficialista, que aprovechando el drama humano y las condiciones que lo produjeron centraron toda su crítica en asuntos políticos marginales, demostrando, sobre todo, insensibilidad.
La Paz lamenta una nueva tragedia, de las que hasta ahora no pueden evitarse porque el gobierno local carece de fuerza suficiente; pero también porque la población ignora, si no desprecia, los límites legales cuando se trata de construir bienes inmuebles.
