Históricamente, la responsabilidad social empresarial (RSE) solo fue un enunciado, cobró fuerza en los años 90, pero siempre fue un adorno en la retórica empresarial, del Gobierno o de los mineros libres de este país. Solo basta recordar la llamada “relocalización” de los años 80, cuando la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) fue destruida, más de 28.000 mineros quedaron prácticamente en la calle, y migraron a zonas urbanas, a cooperativas mineras o a las zonas de producción de coca (actividad única, que pese a los avatares de la política siempre estuvo/está vigente).
Nadie duda de que se trató de una solución política. A tiempo de definir la suerte del sector minero nacional, no se dudó en eliminar una estructura productiva con la capacidad para generar el 53,5% del valor de la producción minera nacional, con el fin último de destruir sus organizaciones sindicales que querían participar en las decisiones de los sectores productivos.
Tampoco cabe duda de que había problemas económicos, pero la respuesta para solucionar el desastre fue la peor en la historia republicana, y hoy nos está pasando la factura. ¿Alguien pensó en la gente? ¿En el futuro? ¿En la RSE? ¿Y en este caso en concreto, en la responsabilidad social gubernamental (RSG)? Hoy, 34 años después, seguimos hablando de Huanuni, Corocoro, Colquiri, Porco, San Vicente y muchas otras minas que se suponían no rentables en manos de la estatal minera, y volvemos a hablar de una Comibol productiva que regresó a esos y a otros distritos mineros. Los relocalizados de entonces se volvieron cooperativistas, cocaleros o políticos, y ahora el péndulo de la historia los ha colocado como protagonistas de primera línea y se están cobrando la factura.
En el ínterin de aproximadamente 20 años de liberalismo económico (neoliberalismo dicen algunos) se concretaron algunos de los proyectos más representativos como San Cristóbal, San Bartolomé, Kory Khollo, Kory Chaca y otros; paralelamente, el sector minero informal producto de la relocalización creció hasta convertirse en lo que es hoy, un monstruo policéfalo que produce la tercera parte del valor de la exportaciones mineras, sin medida ni clemencia con la retórica de RSE. Puede ser que el sector empresarial esté en un nivel alto de RSE durante la vida útil de la mina, pero, por lo que logré captar de algunos empresarios, la suerte de la gente después del cierre de operaciones dependerá del grado de resiliencia que haya podido desarrollar. El sector estatal, por otra parte, está empeñado en un puñado de proyectos (Salar de Uyuni, Mutún, Corocoro, etc.) en los que la RSG es una incógnita, se conoce muy poco de los protocolos de relacionamiento y del uso del entorno y solo resta esperar que no haya sorpresas desagradables en el mediano y largo plazo para las comunidades aledañas que tienen una centenaria historia de convivencia amigable con el entorno, lo contrario sería sembrar tempestades en un mar por ahora tranquilo.
La RSE tiene que ver con desarrollo sustentable y con alianzas estratégicas con los proyectos de desarrollo regional, esto no se da, los emprendimientos extractivistas son “islas” y/o enclaves de generación de riqueza, temporales y sin conexión con la proyección social a largo plazo que pudieran tener las comunidades y pueblos cercanos. Mientras no se consiga esta conexión seguiremos generando pueblos fantasmas, enclaves de economía informal y sociedades migrantes. La herencia del extractivismo no debiera ser lapidaria, sino que podría ser un factor para cimentar el desarrollo sustentable de pueblos y regiones, el postextractivismo debiera ser la continuidad de un proceso de desarrollo nacido del uso adecuado de las riquezas que atesora el país.
* Ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.
