El terrible deslizamiento en San Jorge Kantutani nuevamente ha puesto en relieve los límites del ordenamiento urbano vigente en la metrópoli paceña. Este evento debería servir para abrir un debate constructivo sobre la mejor manera de impulsar reformas en los mecanismos de aprobación de las construcciones, el uso de los suelos y la supervisión del crecimiento urbano.
Cada vez que ocurren deslizamientos como el de Llojeta se suele señalar a la compleja geología de la ciudad de La Paz como uno de los factores detrás de los desastres. Sin embargo, esto no debería desembocar en una actitud fatalista que asume estos hechos como normales; pues también intervienen otros factores clave, como deficiencias en los sistemas de planificación y de control del uso del suelo y de la normativa de edificaciones; aspectos que deben y pueden mejorar.
Incluso se puede sostener que estamos ante otro síntoma del agotamiento del modelo urbano que apunta a una densificación de la población casi sin límites. Por supuesto, las presiones sociales, la ignorancia, la necesidad y la ambición de muchas personas explican también estos desequilibrios; pero también hay errores evidentes de las autoridades, como no adoptar acciones efectivas para evitar que florezcan barrios en zonas con problemas geológicos o de estabilidad.
Un ciudadano común y corriente podría argumentar desconocimiento ante los desastres; pero ese no es el caso de los funcionarios de las instancias encargadas de la planificación urbana o la dotación de los servicios básicos. Hay, pues, disfuncionamientos institucionales graves detrás de esta tragedia, ligados aparentemente con una visión de crecimiento urbano preocupado principalmente en dar facilidades para cualquier tipo de inversión inmobiliaria.
Este drama parece ser un producto extremo de una lógica más generalizada que, sin gran ruido, va erosionando los pocos espacios verdes y de tránsito pedestre que existen en la sede de gobierno. Tendencia que promueve la transformación desordenada de la urbe, con la autorización para construir edificios cada vez más grandes, en zonas que antes tenían una activa vida barrial. Y que obliga a los habitantes a refugiarse en grandes centros comerciales, cuando lo deseable sería una vida social más activa en parques, áreas peatonales o lugares de entretenimiento públicos.
El modelo que debería impulsar las energías e ideas de los funcionarios y de la ciudadanía en general debiera ser una urbe centrada en el bienestar de sus ciudadanos y no en infraestructuras privatizadas imponentes, en la posibilidad de disfrutar del formidable valle andino que alberga a los paceños y que facilite la interacción de sus ciudadanos. Ojalá esta enésima crisis sea una oportunidad para encarar esta urgente inflexión urbanística, en la que autoridades y habitantes tienen responsabilidades compartidas.
