Bolivia tiene millones de hectáreas ya desboscadas que no producen nada por ser lugares abandonados, como resultado de una agricultura errante de subsistencia, sin apoyo estatal ni mercados. Por eso, la agroindustria no necesita desforestar, sino, políticas públicas de apoyo a cultivos con la suficiente rentabilidad como para invertir en tecnología y en la recuperación de enormes superficies de suelos degradados por su mala utilización.
Nuestro país cuenta con parques y territorios indígenas bien delimitados y leyes que prohíben invadirlos, además de planes de uso de suelo para los departamentos de la Amazonía. Actividades formales como la agroindustria no pueden desarrollarse incumpliendo las normas, porque se basan en inversiones cuantiosas que no pueden estar al margen de la ley. La deforestación y la destrucción de parques naturales es obra de sectores marginales, que se aprovechan de un país en el que la norma es incumplir el reglamento, permitiendo la invasión errabunda de migrantes o alentando a las empresas petroleras a ocupar áreas de alto valor de conservación. Por ejemplo, el estudio sobre el Impacto del etanol en la frontera agrícola de Bolivia, del Colegio de Ingenieros Agrónomos, demuestra que la expansión de cultivos de caña de azúcar para la producción de etanol no va a impulsar la deforestación de áreas nuevas en Santa Cruz, sino que van a utilizarse las que por falta de rentabilidad estaban abandonadas y que cumplen con el Plan de Uso del Suelo del departamento.
Pero los medios masivos de comunicación no entrevistan a profesionales de la agronomía cuando se debaten temas agropecuarios, prefieren difundir las falacias de figurones sensacionalistas que impresionan al público con arengas en defensa de la naturaleza. Sin inversiones importantes, sin aplicación de tecnología, sin el cumplimiento de leyes, los bosques están cada día más amenazados y el país cada día más dependiente de hidrocarburos y minería, como han sido, por ejemplo, Nigeria y Venezuela a lo largo de toda su historia.
Los falsos ecologistas son tontos útiles de las transnacionales petroleras, al mostrar datos de la producción agropecuaria nacional y del mundo en forma sesgada con medias verdades que son grandes mentiras. Se dice, por ejemplo, que los transgénicos están prohibidos por nuestra Constitución, cuando en realidad se especifica que se prohíben “Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente”. En el mundo, hasta la fecha y después de 40 años de evaluaciones, se comprueban más bien los beneficios de los OGM, demostrando que la discusión sobre transgénicos es política, no es científica ni técnica.
Asimismo, se omiten datos útiles para el gran público, como es el de la superficie cultivada. Y es porque da vergüenza decir que mientras Paraguay tiene 3,5 millones de hectáreas de soya; Argentina, 18; Brasil, 35; y Estados Unidos, 36; Bolivia solo tiene un millón. Se pregona que el Gobierno es ahora amigo de los empresarios, cuando en realidad lo que ha hecho simplemente es analizar de dónde provienen los ingresos. Si las dos primeras fuentes de recursos están cayendo (hidrocarburos y minería) se pone atención a la tercera, la agroindustria, que significa un beneficio de más de $us 1.000 millones al erario nacional. Si haciéndolo mal tenemos ese ingreso, es natural preguntarse cómo sería de provechoso si lo hiciéramos bien.
* Ingeniero agrónomo especializado en Desarrollo Rural.
