La época electoral es una ocasión propicia para el despliegue de amplios debates relativos a los temas primordiales de la sociedad, de sus necesidades y aspiraciones, de la manera en que se aprecia el orden actual de cosas, así como de la imagen de país que se quisiera alcanzar en el futuro. Algunas encuestas de opinión sistematizan las prioridades y preferencias de la gente respecto de su vida cotidiana, lo que proporciona a los estrategas políticos el material para sus campañas proselitistas. Existe, sin embargo, un conjunto de temas sustantivos que no necesariamente forman parte de las preocupaciones inmediatas de la población, y tampoco son abordados en todo su alcance en los medios de comunicación, no obstante su gran relevancia para el relacionamiento del Estado con la sociedad. Se trata de las normas que regulan la organización del poder político, así como de los diversos frenos y contrapesos que limitan constitucionalmente su concentración en un solo órgano estatal.
Considero que tales cuestiones merecen un amplio escrutinio público, que no se limite a las posiciones de los partidos que participan en el proceso conducente a los comicios del próximo 20 de octubre. También tendrían que expresarse las organizaciones primordiales de la sociedad civil, diversos grupos académicos de especialistas e intelectuales, que disponen de conocimientos y experiencia en estas materias. Las universidades públicas y los medios de comunicación, por su parte, podrían jugar un papel relevante en la convocatoria y organización de los correspondientes debates sistemáticos, encaminados a mostrar las diferencias sobre tales asuntos.
Por principio de cuentas, es necesario examinar la vigencia efectiva de los preceptos constitucionales establecidos en el capítulo sobre el “sistema de gobierno” de la Constitución Política del Estado, donde se definen, primero, las formas del gobierno democrático en la República de Bolivia y, segundo, la estructura y organización del Estado en los cuatro órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral, cuya independencia, separación, coordinación y cooperación deben ser verificables.
También resulta fundamental examinar las condiciones necesarias para el ejercicio de las funciones de fiscalización y control respecto del cumplimiento real de las leyes por parte de todos, la debida ejecución presupuestaria y la rendición de cuentas, el uso proselitista de los recursos públicos, y el cumplimiento de las ofertas electorales, entre otros asuntos. Dichas funciones requieren, además de la mencionada independencia de poderes, una efectiva participación de la sociedad civil organizada y, como requisito esencial, la garantía y posibilidad real de acceso oportuno a la información pública.
Es preciso deliberar también sobre la responsabilidad que deben asumir los partidos políticos y otras organizaciones que cumplen funciones públicas y administran recursos del Estado respecto de las conductas transgresoras de sus militantes.
La discusión del pacto fiscal es asimismo imprescindible, con miras a garantizar la distribución equitativa de los recursos fiscales entre las entidades territoriales y sectoriales. Y esto es particularmente importante en las actuales circunstancias de reducción de los ingresos provenientes de la explotación de los hidrocarburos. Es necesario dejar establecido, además, que un pacto fiscal de verdad incluye también la reforma tributaria, pendiente desde hace tiempo en el país.
Por último, es particularmente significativo comparar las diversas propuestas respecto de los incentivos al crecimiento económico a corto plazo, así como las reformas a la normativa laboral, a fin de asegurar el equilibrio entre la protección de los trabajadores formales y la creación de empleo decente, con igualdad de trato a mujeres y varones.
* Economista.
