En su más reciente encuentro, representantes de comités cívicos, candidatos de partidos políticos, alianzas y otros invitados de la oposición decidieron exigir la renuncia de los seis vocales del Tribunal Supremo Electoral. Lo hicieron con ultimátum: deben irse máximo el 31 de mayo. No existe ninguna señal para que ello ocurra. ¿Qué harán los opositores el día después?
La cita de cívicos y políticos de la oposición, realizada el viernes pasado en Santa Cruz, fue convocada con declarado espíritu de unidad como respuesta a las declaraciones del Secretario General de la OEA. Luego de varias horas de reunión, finalmente hubo un comunicado con cuatro puntos. Tres de ellos son declarativos: “emergencia nacional” por el 21F, condena al impertinente Almagro, y amnistía para las “víctimas de persecución política” (sic). El cuarto punto es la inmediata renovación del TSE.
No es la primera vez que los opositores plantean la renuncia de los vocales. Es más bien una exigencia recurrente, en especial desde que la Sala Plena del Tribunal Electoral, el 4 de diciembre de 2018, habilitó la candidatura del binomio oficialista para las elecciones primarias, ignorando el resultado del referéndum constitucional organizado el 21 de febrero de 2016. Lo nuevo es que la demanda venga con ultimátum. La premisa es la “falta de credibilidad, independencia, transparencia e imparcialidad del Órgano Electoral”.
Al respecto, parece evidente que ninguno de los vocales piensa dar un paso al costado atendiendo el citado ultimátum. Así lo dieron a entender en sus primeras declaraciones sobre el tema. Peor todavía después de haber emitido oficialmente la convocatoria para las elecciones generales del 20 de octubre, con lo cual toman competencia sobre el proceso. Si bien existe un innegable problema de falta de confianza en las autoridades electorales, difícilmente ello se traducirá en su cambio inmediato.
¿Qué sigue? ¿Qué harán el 1 de junio los abajo firmantes del ultimátum cuando vean que no lograron la renuncia exigida? En su comunicado advierten con el inicio de “movilizaciones y presiones a nivel nacional”. No se sabe bien qué implica ello, dados los antecedentes fallidos (o insuficientes) de jornadas de paro, concentraciones callejeras y huelgas de hambre. En relación a los candidatos, ninguno se manifestó dispuesto a renunciar a la competencia electoral si no hay nueva Sala Plena del TSE.
Dada la temporalidad del proceso electoral, que desde este lunes 27 de mayo está formalmente convocado y con calendario en curso, no parece sensato pensar en un cambio de árbitro en pleno partido. Cierto que dicho árbitro es repudiado por una parte de los contendientes, pero quizás lo más efectivo y responsable sea concentrarse en garantizar un juego lo más limpio y justo posible. Será bueno unirse, por ejemplo, para tener delegados en cada una de las mesas de votación y cuidar el sufragio y cómputo.
