El martes, en Trinidad, en ocasión de la Cumbre de Seguridad Ciudadana organizada por el Ministerio de Gobierno, el titular de esa cartera brindó un resumen estadístico de la situación de la violencia contra las mujeres (tema elegido para la cumbre de este año), ofreciendo un preocupante panorama: la violencia contra las mujeres en Bolivia está por encima del promedio latinoamericano.
En su exposición, el ministro reconoció que “se ha reducido la criminalidad, pero la violencia contra la mujer experimenta avances poco significativos”. La autoridad se refería a la lucha contra un flagelo que por cotidiano estuvo invisibilizado hasta hace poco tiempo. La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348) ha servido, cuando menos, para hacer visibles las múltiples agresiones que sufren cada día miles de mujeres en el país.
Citando el más reciente informe del Latinobarómetro, encuesta que se efectúa cada año en 18 países de América Latina, el ministro reveló que la violencia de género representó el 34% de los hechos de criminalidad registrados el año pasado en el país, cuando el promedio regional fue de 24%. Además, informó que el 40% de los hechos delictivos en Bolivia tiene como blanco a las mujeres. Si se consideran los 28.000 casos de violencia de género registrados en 2018, se evidencia que el 90% de las víctimas son mujeres y solo el 10%, hombres. A ello deben sumarse las más de 4.500 violaciones denunciadas en 2018.
La autoridad también citó el informe del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, el cual revela, con datos de 2016 y 2017, que la mayor prevalencia de asesinatos por razón de género en Sudamérica está en Bolivia y Paraguay, con tasas de 2 y 1,6 por cada 100.000 mujeres, respectivamente.
Se trata de datos alarmantes que no por conocidos deben ser soslayados, pues son muestra objetiva de que a pesar de los avances normativos y la creciente presión de la opinión pública respecto de la necesidad de poner un alto a este drama cotidiano, la violencia machista sigue siendo una constante en la vida pública y, sobre todo, privada de la sociedad boliviana. Entre las propuestas para contrarrestar esta violencia se mencionó la posibilidad de prohibir periódicamente el consumo de bebidas alcohólicas, idea que pronto recibió toda clase de críticas.
Hay, pues, un estado de cosas que hace tiempo debió dejar de calificarse como alarmante y pasar a ser considerado como una emergencia que obligue al Estado a darle más importancia, y recursos, a la lucha contra este flagelo. No bastará con más policías y fiscales asignados a este ámbito, lo cual ya sería un avance, sino que además hace falta transformar la educación para asegurar que las nuevas generaciones dejen de repetir los lamentables ejemplos de sus mayores. Tal vez el verdadero reto esté ahí: en acabar con el machismo, tan arraigado en la sociedad.
