D esde hace varios años diferentes organizaciones han denunciado las pésimas condiciones en las que “trabajan” los caballos cocheros del país, así como el brutal maltrato del que son víctimas. Esto pese a que en 2015 entró en vigencia la Ley 700, que prohíbe abusos y explotaciones de este tipo. Por su gran número, este fenómeno es particularmente evidente en la ciudad de Santa Cruz, donde operan unas 900 carretas que transportan todo tipo de carga, impulsadas por cerca de un millar de caballos.
Según las denuncias, a cambio de largas horas de trabajo sin las herraduras adecuadas para transitar en vías asfaltadas o empedradas (se estima que solo uno de cada 10 caballos cuenta con casquillos pertinentes), estos animales reciben una deficiente alimentación (algunos incluso se alimentan en basurales) y muy poca agua para soportar el intenso calor. Por ello, no sorprende que todos los caballos que han sido rescatados en las calles cruceñas a punto de morir padecían anemia infecciosa.
Por ejemplo, el domingo un grupo de vecinos decidió quemar un carruaje y rescatar al corcel que lo impulsaba luego de que su dueño se negara a darle agua y dejarlo descansar, pese a su evidente desnutrición y mal estado. Este hecho viene a recordarnos que, cuando el Estado brilla por su ausencia, la población decide realizar las tareas que deberían ejecutar las autoridades; peligroso extremo que suele dar lugar a delitos y abusos de toda laya. De allí que urge insistir en la necesidad de que las municipalidades se preocupen por combatir el maltrato de animales que impera en sus jurisdicciones.
