Tras haberse vencido el plazo de su fallido ultimátum para la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), diversas fuerzas de la oposición convergieron en una marcha desde El Alto hasta la sede del TSE. La movilización terminó con la entrega de una carta con nuevo ultimátum y renovadas advertencias. La exigencia opositora plantea serios dilemas para los comicios de octubre.
No es la primera vez que el cambio de los vocales electorales está en la agenda de la oposición. En realidad es una cuestión recurrente desde que el 4 de diciembre de 2018 la sala plena del TSE habilitó al binomio oficialista para las primarias de enero de 2019 y, por tanto, para las elecciones generales. Desde entonces, demandando respeto al mandato del referéndum del 21F, la oposición quiere nuevos vocales para, por esa vía, impedir la repostulación del presidente Morales.
Lo que varía en esta coyuntura es la temporalidad con cuenta regresiva: no para la remota renuncia, sino para los comicios. La oposición fracasó en su intento de abrogar la Ley de Organizaciones Políticas, suspender las primarias y frenar la habilitación del binomio del MAS-IPSP. Ahora se concentra en el cerco al TSE. Su desconfianza en los vocales es comprensible, pese a lo cual ocho binomios opositores están en carrera en unas elecciones convocadas por tales vocales y con calendario en curso.
¿Cambiar la sala plena del TSE en pleno proceso electoral? No parece razonable ni, menos, viable. Suponiendo que se forzara la ya descartada renuncia y se convocara a un inmediato proceso público de selección en la Asamblea Legislativa Plurinacional, tendríamos nuevos vocales en agosto, a escasos dos meses de la votación prevista para octubre. En los hechos, pues, la demanda opositora implica paralizar la ejecución del calendario electoral y, en consecuencia, postergar las elecciones hasta el 2020.
Así las cosas, surgen dos dilemas para las fuerzas políticas, en especial del campo opositor. El primero es si, con su demanda de renuncia de los vocales del TSE, están planteando en realidad la suspensión de los comicios. Tal escenario supone problemas no solo legales, sino también logísticos y administrativos. Con una probable consecuencia adicional: el 22 de enero de 2020 no habría nuevo Gobierno ni Asamblea electos. Tendría que considerarse también la postergación de las elecciones subnacionales.
El segundo dilema es práctico. Asumiendo que difícilmente habrá renuncia y tendremos votación el 20 de octubre, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar los opositores en sus “medidas de presión”? ¿Contemplan el boicot a los comicios? Y los candidatos, incluidos los que se inscribirán el 19 de julio, ¿abandonarán la competencia electoral si no hay nuevo TSE? Los principales binomios rechazaron ese extremo. Parece que lo sensato es concentrarse en seducir votantes, cuidar el voto y ganar elecciones.
