Según alerta un informe de la Defensoría del Pueblo, las 29 terminales departamentales e interdepartamentales que existen en el país carecen de mecanismos efectivos para controlar y prevenir la trata y tráfico de personas, y en particular de niños y adolescentes. Y lo propio ocurre con los 31 retenes de peaje y puestos de control instalados en las carreteras nacionales.
Estas conclusiones devienen luego de una pesquisa realizada entre agosto y diciembre de 2018, en la que la Defensoría constató que únicamente en las terminales de las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Potosí; así como en Puerto Quijarro y Caranavi, se efectúan controles en los horarios de mayor afluencia para verificar que en los buses no se encuentren menores sin la compañía de sus padres, o en su defecto, que cuenten con la documentación correspondiente para poder trasladarse con otros familiares. En el resto de los horarios no existe ningún control.
Y si esto ocurre en las ciudades capitales del eje, no resulta difícil imaginar el descontrol que campea en las demás terminales, en las que se hacen controles esporádicos o incluso son inexistentes. Por otro lado, la Defensoría evidenció la ausencia de personal especializado para identificar a las posibles víctimas de trata o los documentos falsificados, tanto en las terminales como en los retenes y los puestos de control. Ante este evidente desamparo, urgen mayores esfuerzos estatales en lugares estratégicos como los mencionados para combatir este terrible delito, que por amor al dinero destruye vidas y familias enteras sin ningún reparo.
