El proceso de descentralización iniciado hace décadas, basado en la teoría que sostiene que la participación de los niveles subnacionales en la administración de los recursos públicos permite a estos brindar una mejor prestación de bienes y servicios públicos a la población local, se fortaleció en 2009 con la nueva CPE y la Ley 31 Marco de Autonomías y Descentralización, reconociendo la autonomía departamental, municipal, regional y la indígena originario campesinos.
Esta última norma establece el desarrollo de un pacto fiscal en el país que vaya más allá de la redistribución de los recursos de coparticipación tributaria, convirtiéndose en un proceso continuo orientado al efectivo ejercicio de competencias de las entidades territoriales autónomas (ETA) y el nivel central del Estado. Actualmente este proceso estableció comisiones técnicas para resolver los factores que dificultan una eficiente gestión pública. Por otro lado, se aprobaron 25 alternativas de financiamiento para las ETA considerando sus demandas, principalmente las de las gobernaciones, que manifestaron contar con recursos insuficientes para atender sus competencias.
Ante el desconocimiento de este proceso surgen declaraciones como las del funcionario de la Gobernación de Tarija Waldemar Peralta Méndez, quien erróneamente afirma que el Gobierno centraliza el 90% de los recursos, no existiendo autonomía financiera para las ETA; por lo que a su parecer hace falta un nuevo pacto fiscal, desconociendo los importantes resultados alcanzados hasta ahora, quizás porque la Gobernación tarijeña ha tomado la decisión política de no participar en la configuración del pacto fiscal.
Es irresponsable emitir tales declaraciones, cuando es de conocimiento público que el Presupuesto General del Estado para la gestión 2019, de Bs 214.724 millones, muestra que solo el 26,5% corresponde al gasto del nivel central, y el restante 73,5%, para los demás niveles —empresas públicas (35,1%), entidades descentralizadas (16,1%), ETA (14,1%), seguridad social (4,2%), universidades públicas (2,8%) e instituciones financieras (1,2%)—. Por otra parte, se observa que las empresas públicas generan el 39% de los ingresos públicos; el nivel central, el 44%; y las ETA, solo el 6%, evidenciando a un Estado distribuidor de los recursos.
El señor Peralta olvida que el mecanismo de distribución de los recursos por la venta del gas natural boliviano ha beneficiado principalmente al nivel territorial. Tal es así que en el periodo 2005-2018 las gobernaciones recibieron el 67% de las regalías por hidrocarburos; equivalentes a Bs 43.685 millones; y cerca del 68% del IDH fue destinado a la administración autonómica, favoreciendo con Bs 69.082 millones al nivel departamental y municipal. Esto demuestra que el nuevo Estado Plurinacional con autonomías ha confiado estos importantes recursos a los gobiernos subnacionales.
Al parecer, el Gobierno departamental de Tarija, que ha recibido el 40% del total de transferencias departamentales (Bs 31.745 millones), al verse afectada por la caída de los precios internacionales del petróleo, y considerando que no hizo un uso óptimo de las grandes cantidades de recursos que recibió, bajo una perspectiva de autonomía financiera rentista, olvidándose aplicar los mecanismos de previsión establecidos en el Art. 115 de la Ley 31, pretende esconder sus ineficiencias reclamando un nuevo pacto fiscal.
Continuar con el proceso de diálogo para configurar el pacto fiscal significa seguir trabajando en consenso, a fin de alcanzar mayores niveles de recursos, superar los problemas de gestión pública, y lograr un mejor uso de los recursos públicos para el cumplimento de las competencias. Por lo que abandonar dicho proceso, como lo hizo la Gobernación de Tarija, bajo el discurso político de que no existe un pacto fiscal sin distribución de los recursos de coparticipación tributaria, resulta una decisión irresponsable para las generaciones futuras del señalado departamento.
* es economista.
