Amílcar Barral, diputado suplente de Unidad Nacional (UN), anunció desde su detención domiciliaria la posibilidad de alejarse de ese partido: “no hay que estar donde no te quieren”. Respondía así al jefe de UN, Samuel Doria Medina, quien rechazó respaldar al imputado. “Cuando hay un problema penal, no es un tema de respaldos, sino de pruebas”, espetó el empresario paceño.
Barral enfrenta cargos de uso indebido de influencias, extorsión y cohecho pasivo por un ilícito en la cárcel de San Pedro. No es la primera vez que el polémico diputado tiene estos problemas. En agosto de 2015, tras una investigación en la Comisión de Ética de la Cámara Baja, fue suspendido durante 10 meses por comprobada falta gravísima: cobros irregulares a dos funcionarios.
La relación de UN con el diputado ha sido cambiante. Barral fue elegido a la Asamblea Legislativa como suplente de Jimena Costa, con quien mantuvo una relación tensa. Luego se lo marginó un tiempo. Más adelante, y hasta hace poco, figuró como uno de los principales voceros. Ahora Doria Medina sostiene que Barral no es del partido, sino de una plataforma aliada.
A reserva del curso que siga el proceso penal contra el diputado Barral, y de cómo se encamine su futura relación con Unidad Nacional, el caso plantea interesantes cuestiones en torno a las “lealtades partidarias”. ¿Hasta qué limite puede respaldar el partido a un representante involucrado en un caso de extorsión? O en otros rumbos: ¿por qué encubrir, a título de “exagerado”, un hecho de acoso sexual? (22/06/2019)
