La madrugada del viernes, un contingente policial llevó a cabo un operativo en la sede de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz. La acción, ilegal por cuanto carecía de una orden fiscal, de acuerdo con los dirigentes cocaleros, es apenas una más en el marco de una creciente tensión entre productores de coca en la zona de cultivo considerada tradicional y el Gobierno.
El problema tiene origen inmediato en la Ley 906, General de la Coca, donde la delimitación del área de cultivo tradicional del arbusto no coincidió con las expectativas de los productores de la hoja, quienes aparentemente necesitan producir mucho más a fin de satisfacer sus mercados. La tensión tuvo momentos trágicos, como un enfrentamiento entre Policía y cocaleros en La Asunta, que dejó un uniformado muerto y un dirigente detenido acusado de ser el autor intelectual de la refriega.
A fines de mayo, cocaleros que apoyan a la actual dirigencia de Adepcoca iniciaron movilizaciones en la ciudad de La Paz exigiendo, entre otras cosas, la liberación de su dirigente y el cese de un supuesto intento del Gobierno para promover el paralelismo sindical, empleando para ello al Consejo de las Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay).
A su vez, el Ministro de Desarrollo Rural y Tierras afirmó que la dirigencia cocalera experimenta un “proceso de deslegitimación” al haber perdido el apoyo de tres regionales grandes del norte paceño, entre ellas Coripata e Irupana. Agregó la autoridad que los dirigentes de Adepcoca excluyen del único mercado legal de la hoja a quienes no les apoyan, razón por la cual permitió la creación de un depósito para éstos, el cual fue identificado por los opositores como un “mercado paralelo”.
En medio del conflicto, un dirigente cocalero de Cofecay fue asesinado y días después se capturó a su presunto homicida, quien declaró haber actuado por instrucción de dirigentes de Adepcoca. En el camino, la semana pasada hubo un nuevo enfrentamiento entre cocaleros, supuestamente motivado porque uno de los grupos encubre actividades del narcotráfico en Trinidad Pampa. El sábado, en esa localidad fue asesinada una persona, por lo cual se instaló una vigilia policial.
Para terminar de embrollar el caso, reportes de inteligencia policial alertaron de la existencia de importantes cantidades de dinamita en la sede de los cocaleros, en La Paz, por lo que se produjo el ya señalado operativo policial, que permitió decomisar cuatro cachorros de dinamita, computadoras y dinero.
Hay, pues, preocupantes señales de que la comunidad cocalera de Yungas está dividida y enfrentada no solo por una cuestión de acceso y control del poder político, sino sobre todo por el negocio de producir y vender la hoja, seguramente, por vías ilícitas para usos también ilegales. En todos los casos, la acción del Gobierno y la Policía se convierte en fuente de conflicto, lo cual da cuenta de la magnitud de un problema que algunas personas quisieran que no sea tan público y, probablemente, tampoco resuelto.
